Las autoridades venezolanas confiscaron seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 mansiones, 16 oficinas, cuatro grandes terrenos y siete empresas, entre otras propiedades de origen ilícito. “Cada uno de esos bienes que se hayan incautado irán al servicio de nuestro pueblo, de la salud, de la educación, de la protección social, tengan la seguridad de eso”, declaró el presidente Nicolás Maduro.
El país latinoamericano está encabezando una iniciativa en la que la cocaína incautada pasa por un estricto proceso de transformación, con el objetivo de que ayude a producir hormigón. Con ese método, se ha conseguido procesar 350 toneladas de esa droga incautada entre 2021 y 2022.
En 2019 fue la primera vez que efectivos de la Policía de Investigaciones detectaron en el aeropuerto de Santiago a un pasajero que intentaba ingresar al país pequeñas cápsulas que contenían la sustancia psicoactiva. Luego, en agosto de este año se incautaron dos paquetes más y ahora los funcionarios lograron incautar 40 kilos del mismo elemento y detuvieron a un sujeto que la comercializaba por internet.
El juez federal argentino Federico Villena ordenó la incautación de la aeronave a pedido de la Justicia de Estados Unidos, pese a las airadas quejas del gobierno de Nicolás Maduro. Según medios argentinos, el avión fue inspeccionado en la tarde de este jueves por agentes del FBI.
Si las plantas incautadas hubiesen llegado a su etapa adulta, la incautación sería equivalente a 22.018.800 dosis, lo que hace que este procedimiento sea un hito en cuanto a la cantidad de droga decomisada en un solo procedimiento.
La investigación de la policía civil detectó una empresa, constituida legalmente, que se dedicaba al robo de este material. De acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, el cobre tenía el objetivo de venderse fuera de Chile.
Por tratarse de un recinto militar, además de religioso –lo que implica un aviso previo de 48 horas para un registro de este tipo- el ingreso policial fue coordinado previamente con el ministro de Defensa, Alberto Espina y con el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quienes mostraron disposición a colaborar con la diligencia.
Diligencia ordenada por el fiscal Emiliano Arias y ejecutada por el OS-9 de Carabineros permitió encontrar evidencias para formalizar al excanciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser imputado de abuso sexual y estupro que afectó a cinco víctimas menores de edad.
En un análisis sobre escenarios, Emiliano Arias contactó a Felipe Berríos, el sacerdote jesuita que vive hace ya varios años en La Chimba, Antofagasta, y que de tanto en tanto genera revuelo con sus declaraciones sobre la iglesia.
Tras un requerimiento formal del obispo Alejandro Goic de remitir las investigaciones sobre abusos sexuales a menores realizados por sacerdotes, el nuncio Ivo Scapolo entregó la respuesta enviada desde la Santa Sede: "No es la práctica de esta Congregación autorizar a los Ordenados a hacer excepciones con respecto a las causas sujetas al secreto papal. Por lo tanto, si la Fiscalía Regional considera necesario avanzar, podrá enviar la carta de solicitud internacional y este ministerio responderá".
La medida incluye todas las acusaciones que llegaron desde 2007 a la fecha a congregación para la doctrina de la Fe y que recibieron sanciones canónicas como aquellas que constan en los archivos de la curia de la diócesis de Rancagua. En Santiago se requiere información específica sobre el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.
En términos globales, la cantidad de productos incautados llegó a 4.438.313 unidades, lo que se traduce en unos US$96 millones. Mientras el decomiso por cajetillas de cigarros subió 76% al totalizar US$45 millones.
En el marco de las diligencias realizadas, personal de Carabineros detuvo a cuatro personas que pretendían trasladar los estupefacientes.
En el marco de las diligencias realizadas, personal de Carabineros detuvo a cuatro personas que pretendían trasladar los estupefacientes.
En el marco del procedimiento, que se desarrolló entre el 13 y el 19 de septiembre, se detuvo a a 48 personas, 8 de ellas extranjeros.
