En respuesta a un oficio de fiscalización de los diputados UDI, el Ministerio de Justicia informó que el Estado ofrece el Programa de Intermediación Laboral para ayudar a quien lo solicite en términos voluntarios. Sin embargo, todo indultado, además de establecer domicilio y firmar periódicamente ante centros de Gendarmería, sí está obligado a acreditar "el ejercicio de profesión, oficio o estudio".
Los comisionados optaron por no innovar en este beneficio y dejarlo como materia a discutir dentro de la ley. Ahora, los consejeros deberán debatir nuevamente este tema y todo indica que tomarán el mismo camino que los expertos.
La instancia aprobó el informe de conclusiones elaborado por los diputados oficialistas, que se impuso al de la oposición por siete votos a favor y seis en contra. "Cabe verificar la inexistencia de irregularidades de naturaleza alguna en la tramitación de estos (indultos)", reza el documento al que tuvo acceso La Tercera.
Luego de que el TC confirmara que los decretos firmados por Boric se ajustaban a la Constitución vigente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que la "experiencia de este proceso" puede que obligue "a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad".
El Tribunal Constitucional rechazó esta tarde los requerimientos que fueron presentados por senadores de oposición y Demócratas.
Al ser beneficiados con el indulto, a los condenados se les sustituyó el cumplimiento de la pena mixta o privativa de libertad por una "discreta observación y asistencia" de parte de la autoridad administrativa, lo que en este caso implica que deben presentarse mensualmente en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería que les corresponda de acuerdo con el domicilio que hayan fijado. ¿Se han presentado? La Tercera PM accedió al registro del cumplimiento de esta disposición.
Luego de que Monsalve revelara que Boric tuvo a la vista los antecedentes penales previos de algunos indultados, las contradicciones en la concesión de los beneficios volvieron a instalar el tema en La Moneda.
La autoridad de Interior ayer había afirmado que el Presidente Boric sí “tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iba a indultar”. Esta mañana, en tanto, reafirmó lo planteado por Cordero, quien confirmó que el Mandatario también ponderó para tomar la decisión los informes desfavorables de Gendarmería en el caso de seis condenados.
Como "uno de los más violentos" de la organización describe un informe de Carabineros a Brandon Rojas Cornejo, un joven de 22 años que en junio del 2022 fue condenado por diferentes delitos vinculados al estallido social. Tras la dictación de una condena de más de cinco años de cárcel, en diciembre pasado el Presidente Gabriel Boric lo indultó. Este jueves, el TC revisará la constitucionalidad de esa decisión.
El Ejecutivo presentó dos documentos ante el Tribunal Constitucional donde se expresan los argumentos para conceder siete indultos, lo que fue impugnado por parlamentarios de oposición.
La titular de Interior ha sostenido varias reuniones durante este martes para cerrar un acuerdo lo más transversal posible, luego de que Chile Vamos se restara de la instancia.
Cordero señaló que la abstención de Contraloría sobre emitir pronunciamiento respecto a la legalidad de los decretos era previsible, dado que el TC ya había declarado admisible un requerimiento que busca impugnar los beneficios. Reveló, además, que el tribunal ofició a la cartera que dirige para solicitarle "copia de todos los indultos que se han otorgado desde 1981 hasta la fecha".
La ministra del Interior también respondió a las críticas por los antecedentes penales de algunos indultados por el Presidente. "Las políticas de indultos no son políticas de seguridad, nunca lo han sido", expresó al respecto. Y sobre la mesa de seguridad, aseveró: “Si la oposición no quiere estar en ese compromiso, se hará con las fuerzas que estén”.
Los requerimientos fueron ingresados el 16 de enero por senadores de Chile Vamos y Demócratas.
