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A más de dos meses de que la administración del Presidente Gabriel Boric anunciara que buscarían modificar la Ley de Migraciones aprobada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, y en medio de duros cuestionamientos, la Segpres ultima los detalles de dos iniciativas legales que flexibilizarán la expulsión de extranjeros. Asimismo, el Ejecutivo prepara un protocolo que permitiría retomar reconducciones de inmigrantes que ingresaron a territorio nacional por pasos no habilitados desde Bolivia.

El autor de “Gomorra”, quien en noviembre tiene que afrontar un juicio por llamar en 2020 "bastarda" a la líder de extrema derecha, dijo en Twitter que “esta es la Italia que nos espera”.

En el histórico sector, ubicado en la comuna de Santiago, crece un mercado de arriendo dirigido a migrantes considerado abusivo: hasta $ 180 mil por vivir en una pieza sin baño ni condiciones mínimas.

En tanto, entre las preocupaciones ciudadanas, la inmigración se ubicó en el lugar 12 de los problemas a los que debiera dedicar mayor esfuerzo el gobierno de Gabriel Boric con un 13%, siete puntos porcentuales más que en agosto de 2021.

Durante su gira a Estados Unidos, el Presidente afirmó que “las expulsiones se siguen desarrollando", pero que “a diferencia de antes, sin la parafernalia". Al respecto, Álvaro Bellolio señaló que desde el actual gobierno “están cumpliendo el mínimo posible en expulsiones judiciales”, mientras que la cantidad de administrativas "es cero”.

La escasez de trabajadores y la poca inmigración en Estados Unidos pueden favorecer la creación de puestos de trabajo en Canadá y otros países. Estados Unidos concede 65.000 visas anuales para trabajadores cualificados en el marco de su programa H1-B, además de otras 20.000 para personas con títulos de posgrado de universidades estadounidenses.

El plan del primer ministro británico incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7.000 km de distancia, y confiar a la Armada la vigilancia de las llegadas ilegales por mar.

Las industrias que dependen de los empleados nacidos en el extranjero se enfrentan a elevadas tasas de vacantes y presiones salariales. Durante varios años después de la recesión de 2007- 2009, aproximadamente un millón de personas al año se trasladó a Estados Unidos. Luego, ese ritmo comenzó a reducirse durante el gobierno de Trump y disminuyó a un goteo tras el inicio de la pandemia de Covid-19.

Según Le Canard enchaîné, el estallido de furia del Presidente francés con su par británico ocurrió después de que 27 migrantes se ahogaran en el Canal de la Mancha.

Así lo asevera una informe recién publicado por el organismo. Aunque el país multiplicó casi por cuatro el número de extranjeros en el territorio nacional, la proporción sobre el total de la población está aún muy por debajo del promedio del bloque (7,8% vs 14,1%). El informe también destaca el país gracias a la cuarta tasa de empleo más alta para este grupo.

Los indocumentados, en su mayoría haitianos, que buscan cruzar la frontera, se encuentran atascados en el puente Del Río, que cruza el Río Grande conectando a las ciudades de Acuña, en México, y Del Río.

Los datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas respecto de la cifra de inmigrantes residentes en Chile sorprendió a varios. A diferencia de otros años, el crecimiento se estancó producto de la crisis sanitaria. Sin embargo, según expertos, el panorama podría revertirse dependiendo de las condiciones socio-políticas de la región, las cuales incluso podrían provocar un nuevo éxodo de extranjeros al país durante los próximos meses.

Las personas de esa nacionalidad residentes en el país son, por lejos, la comunidad más grande. En promedio tienen ingresos superiores a los chilenos y tres años más de escolaridad. Tres de cada cuatro están en la Región Metropolitana.

Por metro cuadrado, arriendos informales pueden llegar hasta 0,5 UF el metro cuadrado para extranjeros en comunas céntricas cercanas a puestos de trabajo, similar a lo que pagan en comunas del sector oriente. El arriendo protegido asoma como una de las alternativas. El Minvu compró seis terrenos para construcción de viviendas sociales -no solo para extranjeros- que partirían en diciembre.