Lo que votaremos en diciembre es el resultado de una estrategia ultraconservadora que ha sido efectiva en otros países del continente, pasando por encima de los derechos de los sectores más vulnerables y discriminados. Está envuelto en un par de propuestas atractivas y llamativas, pero son sólo un par de luces en un montón de sombras.
Hay que notar que las acusaciones constitucionales son una gran performance. A pesar de contar con notables abogados de la plaza como defensores, la decisión está lejos de ser jurídica. El proceso es uno de apoyos políticos y negociaciones, donde la acusación se aprueba o se rechaza a partir de las simpatías que generan los acusados.
La Comisión Experta despachó su trabajo en los términos y el tono que se esperaba desde un principio. Incluso en aquellos temas donde no se logró acuerdo, hubo un intento por mantener un clima cordial y productivo. Se podría decir que fue una comisión de perdedores en términos individuales, pero exitoso en términos colectivos. Y ahí es precisamente donde se anticipa el primer punto débil del consejo electo.
La experiencia internacional no ha sido generosa con partidos como el Republicano cuando triunfan en las elecciones. Por el momento, tenemos que interpretar su voto más como una respuesta a un sistema democrático que no es capaz de ofrecer alternativas satisfactorias, que como un triunfo de valores ultraconservadores.
Hay quienes dudan que la estrategia de la lista única tenga buen pronóstico electoral. Hay un temor, no irracional, de que los votantes más moderados no quieran votar por una lista que incorpora al PC y a los sectores más extremos del FA. Además, la amenaza que plantean listas como las del PDG, los instan a actuar de forma estratégica. Otros opinan que el camino es el opuesto, que una estrategia de dos listas está destinada al fracaso.
Resulta sorprendente, y esperanzador, que el fracaso de la Convención Constitucional no haya afectado la necesidad de contar con un nuevo texto. Incluso, es interesante observar los grados de urgencia con que la ciudadanía pareciera mirar el proceso, muy a contrapelo de la demora que han tenido los actores políticos en resolver los mecanismos.
El relato de esta nueva izquierda que se asoma en partes de la región implica comprender nuestras diferencias como oportunidades de trabajo colectivo. Asimismo, su éxito se basa en ofrecer algo distinto a la receta que la llevó al fracaso electoral (o al autoritarismo) hace una década.
"El tono poco colaborativo de algunas comisiones durante la semana pasada permite sospechar que no será fácil integrar indicaciones que armonicen lo ya aprobado. Por otro lado, existimos varios que creemos y confiamos en la labor de la Convención, pero que también entendemos que no es infalible".
Si bien las atribuciones del Ejecutivo nos permiten hablar de un hiperpresidencialismo en términos legales, la consecuencia de nuestro diseño institucional es que los gobiernos no pueden llevar adelante sus programas de gobierno.
La decana de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y el abogado y director de Espacio Público firmaron una carta para que la Convención Constitucional y la opinión pública se abran a debatir formas distintas al presidencialismo que actualmente tiene Chile. En esta conversación, ambos explican cómo podría implementarse un sistema parlamentario y cómo se podría reformar el sistema electoral y a la estructura del Congreso.
"El diálogo es deseable para la ciudadanía, pero ya no con las condiciones impuestas por quienes buscan mantener el status quo".
