El presidente del CDE aborda los desafíos que ha debido afrontar el organismo tras el estallido social. Dice que si bien hay delitos de violaciones a los DD.HH., en ningún caso fueron sistemáticos y se abre a llegar acuerdos indemnizatorios con las víctimas. Sale en defensa de sus compañeros consejeros y asegura que el cargo no es botín para pagar la lealtad a los gobernantes.
