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Humberto Tapia Zenteno disparó perdigones contra dos estudiantes en un hecho ocurrido en noviembre de 2019.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal de Incendios, Osvaldo Ossandón, presenciaron labores de Bidema y de la sección Ecología de la Lacrim de la PDI.

El Ministerio Público presentó durante la audiencia más de 130 facturas falsas que fueron emitidas desde septiembre del 2019 a la fecha de proveedores de empresas forestales, por un total de $2.500 millones y donde se acreditó el servicio de arriendo de maquinarias como retroexcavadoras, excavadoras, tolvas, grúas y camiones por parte de los aprehendidos.

"Sustraían maderas desde el predio de una forestal y, a través de diferentes sociedades, blanqueaban el origen de la madera, para posteriormente venderla”, explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado presenta riego de reincidencia. Asimismo, en el documento se puede leer que Córdova "mantiene un discurso tendiente a no reconocer la autoría del delito por el cual cumple condena, por lo que no se evidencia conciencia del delito, ni del mal causado".

"Se realizarán absolutamente todas las diligencias necesarias para que se haga justicia en este condenable crimen pues en nuestro servicio no hay cabida para violencia contra las mujeres", señaló el organismo en un comunicado.

“Evidentemente es un proceso que se ha ido complejizando”, reconoció la ministra Ángela Vivanco.

Otro de los condenados por el crimen obtuvo el beneficio y el abogado de la familia de las víctimas recurrirá a la Corte Suprema, para impedir la medida. Machi fue condenado a 18 años de cárcel por crimen del matrimonio.

Se le investiga por el delito de estafa.

Ahora la palabra la tiene la Cámara Alta. La carta del Ejecutivo debe ser respaldada por al menos 33 senadores para que no se repita el traspié que hubo con el anterior nominado José Morales.

Además, la exautoridad quedó sujeto a la medida cautelar domiciliaria de arraigo nacional. Se determinó un año de plazo para la investigación.

La iniciativa reúne una serie de fallos relacionados con vulneraciones ocurridas en las diferentes etapas de un proceso penal.

La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Marcela Araya Novoa.

Tras una maratónica jornada de más de quince horas de audiencia, el tribunal impuso la cautelar más gravosa en contra de cuatro hombres y tres mujeres sindicados como los líderes de una organización dedicada a defraudar al Fisco. Según el Ministerio Público, la cantidad de dinero por la cual habrían perjudicado al Estado, a las isapres y a Fonasa se cifra en más de $700 mil millones.

Pleno del máximo tribunal realizó votación esta jornada.