El juez Alexandre de Moraes rechazó que sea la justicia militar quien juzgue los delitos presuntamente cometidos por los miembros del Ejército -incluidas amenazas, incitación al delito, golpe de Estado-, ya que los soldados habrían violado tipos penales y tipificados en el Código Penal, en referencia a los atentados contra el régimen democrático, el pasado 8 de enero, en Brasilia.
La profesional fue seleccionada por el comité de nombramientos del tribunal. "Me produce mucha satisfacción abrir puertas para que otras abogadas chilenas puedan también ser incluidas en el futuro”, destacó tras conocer la designación.
No obstante que el exmandatario peruano ya conoce que la justicia norteamericana aprobó la extradición a su país para que continúen las investigaciones que recaen sobre él por delitos de corrupción, se resiste a la medida. El fiscal Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones precisó que el proceso de extradición contra Toledo no debe sobrepasar las siete u ocho semanas próximas.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, negó rotundamente este miércoles haber pedido a Gendarmería cerrar esa cárcel especial. Fuentes de La Moneda, que están a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe militar, también afirman que el tema no es parte del plan del Ejecutivo para esa fecha.
La autoridad de Justicia también dijo que se han realizado visitas técnicas "en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país", y que se están evaluado "ampliaciones" y "mejoras" en los centros a lo largo del país.
“Mientras las Fuerzas Armadas rusas parecen estar intensificando su ofensiva en Ucrania, el compromiso de hacer rendir cuentas a todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos y crímenes de guerra es más urgente que nunca”, señaló en un comunicado la secretaria general de AI, Agnès Callamard. “Vamos a decirlo con claridad: las manos de Putin y sus fuerzas armadas están manchadas de sangre”, añadió.
No existió ninguna prueba de que Edith Thompson participara en el asesinato de su esposo, Percy Thompson, quien fue atacado en la calle por el amante de la mujer. Sin embargo, la justicia de la época aseguró que ella había "incitado" al homicidio.
Este miércoles el denominado Grupo de Puebla publicó una misiva en apoyo al excandidato presidencial chileno, Marco Enrique-Ominami (MEO), quien actualmente está enfrentando el juicio oral por el caso SQM.
En la misiva, firmada también por otros 40 líderes del Grupo de Puebla, se criticó el actuar de la Justicia y de fiscales chilenos en el manejo del caso SQM. La canciller Antonia Urrejola dijo que abordó el asunto con el embajador trasandino, Rafael Bielsa.
El magistrado estadounidense Lewis Kaplan, aseguró que es “demasiado tarde” para incluir la prueba genética del expresidente, ya que el juicio está programado para el próximo mes de abril. La periodista Elizabeth Jean Carroll interpuso una demanda contra Trump por un caso de ultraje ocurrido en los años 90 y que el exgobernante ha negado reiteradamente.
Actualmente se discute en el Senado, en su segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que apunta a disminuir la cantidad de trámites que deben visar los notarios.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó el martes que las personas denunciadas están acusadas de asociación para delinquir de forma armada, abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, y daños calificados contra los bienes nacionales, entre otros.
Agentes del FBI también confiscaron una computadora portátil perteneciente a un asesor del exmandatario estadounidense. Por separado, el viernes, la oficina allanó la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana y encontró un documento etiquetado como confidencial.
El fiscal especial para la supervisión de las investigaciones a Donald Trump, Jack Smith, solicitó a Pence documentos y testimonios relacionados con el intento fallido del exmandatario estadounidense y sus aliados de anular las elecciones de 2020, en las que ganó el presidente Joe Biden.
Cuando tenía 17 años, Virginia Pérez Antonelli le hizo RCP a Fernando Báez Sosa la noche en que fue golpeado y asesinado. Su testimonio fue parte del juicio para esclarecer el crimen, que terminó condenando a cadena perpetua a 5 rugbistas y a otros 3 a 15 años de prisión.
