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Capítulo chileno del informe anual que presentará hoy el organismo aborda los derechos de los pueblos indígenas. Texto señala que se ha "abusado" de la norma para "procesar a mapuches sin cumplir con las debidas garantías procesales".
Existe consenso en que la legislación en esta materia requiere ser actualizada. Lo mismo ocurre, según sus criterios, con la Ley Antiterrorista y el rol de las policías.
Según lo anunciado en septiembre por el ministro del Interior, Mario Fernández, esta batería de modificaciones a la legislación busca el trasladando de los delitos que contempla al Código Penal, y modificar el Código Procesal Penal, en los requisitos y plazos para la prisión preventiva.
Hermanos Trangol acusan "incumplimiento" del gobierno, que ya desistió de invocar la Ley Antiterrorista en su caso.
En entrevista a La Tercera, el ministro del Interior, Mario Fernández (DC), anunció este domingo que ya se está trabajando en las modificaciones a la Ley Antiterrorista y la prisión preventiva, y que los proyectos serán ingresados durante noviembre al Congreso.
Jefe de gabinete anuncia que gobierno está trabajando en los cambios legales comprometidos a propósito de los conflictos registrados en La Araucanía. Prontamente se enviarán al Congreso.
El comisionado, de origen peruano, señala que en los casos de violencia con imputados de la etnia mapuche "es evidente que lo que está en el fondo no es un tema de terror o terrorismo, son conflictos sociales respecto de un territorio, a actividades extractivas respecto de una identidad".
La abanderada de la Democracia Cristiana manifestó que el Ejecutivo debe "aprovechar cada minuto que tenemos de gobierno". Además de indicar que se necesita a la persona titular a cargo de la seguridad pública, y no a un interino, "ahora cuando vemos cómo se instala la narcocultura".
La jefa de Estado aseguró que "ya la traté de cambiar, hice algunos cambios en mi primer gobierno y desde el principio de este gobierno que hemos hecho cambios".
Estudio recomienda dejar de aplicarla mientras no se ajuste a estándares internacionales y por sus casi nulos resultados en la eliminación de la violencia.
Entre 2010 y 2016 hubo 91 procesos y cinco llegaron a sentencia. Probar el ánimo de infundir temor y limitadas herramientas investigativas son, según los expertos, los principales problemas al invocar esta normativa.
Ministro de Justicia asegura que la norma hoy tiene dos complicaciones: la tipificación del delito y el nivel probatorio.
La vocera de Gobierno dio "por cerrada" la controversia entre el Ejecutivo y el subsecretario del Interior por la recalificación de las querellas de los comuneros mapuches en huelga de hambre.
