En total se otorgaron 1.959.383 licencias electrónicas de este tipo el año pasado, lo que se compara con las 1.059.865 de 2020. Y si bien en el segundo semestre fueron 574.569, la cifra más baja desde los meses marzo-junio de 2020, los números no son tan prometedores al inicio de este año: al 26 de enero se registra un aumento de 139% de licencias por Covid versus diciembre, lo que estaría asociado a la llegada de la variante ómicron a Chile.
Empresas, científicos y gobiernos se enfrentan, con cientos de millones de dólares en juego.
La reorientación a otras actividades y la falta de renovación tienen al transporte terrestre en ascuas. Faltan 12.000 camioneros, 8.000 microbuseros y el 10% de choferes interurbanos por cada empresa. Mientras la logística ya lo resiente, el resto lo sostiene. Temen, eso sí, a la temporada alta. El gobierno ya avanza en homologar licencias con extranjeros y aumentar las becas de capacitación.
En septiembre, las licencias por coronavirus fueron 43.566. Pero las que están impulsando el alza de licencias médicas son las de otras enfermedades, que en ese mes llegaron a 555.723, versus las 354.432 que se registraron en igual mes de 2020, o las 368.116 de 2019. Lideran las relacionadas a trastornos mentales y del comportamiento, y enfermedades osteomusculares.
Desde que el 27 de julio de 2020 entró en vigencia la ley de esta licencia extendida en pandemia y hasta que venció el plazo, al cierre de septiembre, al terminar el estado de catástrofe, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) indica que se realizaron 298.849 solicitudes. De ellas, 109.760 correspondieron a la primera solicitud, 99.260 a la segunda y 89.829 a la tercera.
Este mal uso de las licencias médicas o Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) tiene, al menos, tres consecuencias que afectan negativamente al sistema de salud en su conjunto y a la productividad del país.
En una primera etapa, la compañía detalla que serán cerca de 28 afiliados a los que se les pondrá fin al contrato, como consecuencia del uso ilícito de esta herramienta terapéutica. La medida se suma a las acciones legales que ha llevado a cabo la isapre en contra de más de 120 médicos que han emitido licencias sin justificación médica durante los últimos meses.
El gasto real que hizo el sistema en licencias subió 14,9% el año pasado, explicado porque aumentó el número de días pagados, lo que en parte se debe al incremento en licencias por trastornos mentales, que suelen ser licencias por más cantidad de días.
En un correo informativo que envió a sus clientes, la isapre señala que iniciaron acciones legales en contra de diversos médicos por sospechas de emitir licencias médicas fraudulentas. También enseñan un reciente fallo donde consiguieron que el imputado no pueda dar licencias por un año y el pago de $15 millones.
Un estudio de la Fundación Politopedia proyecta que del total del dinero que aportan los afiliados con su cotización legal en las isapres, este año se destinará un 40% al pago de licencias, y en Fonasa será más de la mitad de la cotización. Todos coinciden en que el impulso hoy viene por las patologías de salud mental. Pero también hay quienes hablan de un aumento en licencias injustificadas o fraudulentas que incluso se venden en redes sociales.
Julio se instaló como el mes con menor cantidad de este tipo de licencias en todo 2021, sumando 135.607. Al ver las licencias semanales, por primera vez desde diciembre de 2020 están por debajo de las 30.000. En toda la pandema suman del orden de 2.500.000.
Se han realizado 249.344 solicitudes totales de la Licencia Médica Preventiva Parental. De ellas, 93.274 corresponden a la primera solicitud, 82.837 a la segunda y 73.233 a la tercera.
Del total de licencias de este tipo, un 73% corresponden a Fonasa (1.687.758), 16% son de isapres (369.115), y 10,5% son de mutuales (241.224).
El mes pasados se produjo un aumento mensual de 63% en las emisiones de licencias. Recursos desembolsados entre Fonasa e isapres suman US$250 millones desde el inicio de la pandemia.
