La directiva encabezada por Diego Vela mandó a un reducido número de personeros del partido a la instancia revisora que expulsó de Revolución Democrática a Daniel Andrade y Carlos Contreras, además de suspender a Catalina Pérez. Quien encabezaría el grupo es Paz Fuica, concejala y exasesora de la diputada que está en la mira de la justicia.
La denuncia apuntaría a irregularidades del segundo mandato de Sebastián Piñera que habrían dejado la puerta abierta para el traspaso de dinero a fundaciones.
El destacado artista nacional fue contactado por la fundación para realizar un colosal mural en Lota, que reflejara la historia de la localidad. Pero la entidad cerró debido a los coletazos del caso y Toral asegura que solo se le alcanzó a pagar una cuota del trabajo. Sin embargo, desde la entidad señalan que se le pagó "lo convenido por contrato". No es la primera vez que el pintor pasa por una situación difícil: en 2016 fue víctima de la estafa de Alberto Chang.
El ministro de Vivienda sigue transmitiendo en público -y en privado a sus cercanos- que no pretende renunciar, incluso si es que avanza el libelo en la Cámara. Su plan, afirman en el oficialismo, es mantenerse hasta el final, a menos que el Presidente Gabriel Boric lo remueva.
El exministro de Desarrollo Social defendió su inocencia y señaló que conforme avance la investigación "se irá esclareciendo mi completa inocencia".
El secretario de Estado habló en un principio de haber recibido un "informe que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”. El Minvu, a través de un comunicado, salió a corregir al titular de la cartera, afirmando que sólo se trató de una minuta: “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda”.
El chat de WhatsApp en el que la directiva del senador Juan Ignacio Latorre manejó el inicio de la crisis y una factura entre el partido y Democracia Viva, fueron parte de la información que salió a la luz este jueves.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
Luego de que se diera a conocer la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, en la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Pese a que en La Moneda se ha evaluado la opción de que salga, por ahora la estrategia es no claudicar ante la presión del Congreso.
En una reunión con el secretario de Estado, varios miembros de la mesa socialista abogaron por enviar un recado a La Moneda en términos de que un ajuste que afectase al ministro sería un tema especialmente doloroso para el partido. "El Presidente de la República ha dicho que no va a sacar al ministro, esperamos que esa palabra se cumpla", dijo la diputada Cicardini.
En medio de la demanda del Socialismo Democrático por una estrategia más clara para enfrentar la crisis derivada de los traspasos de plata a fundaciones, el 13 de julio llegó Juan Carvajal -exjefe de la Secom en el primer gobierno de Michelle Bachelet- a encargarse específicamente del caso. Sigiloso y con cierta autonomía, así es como ha intentado encauzar un conflicto que todas las semanas aqueja a La Moneda.
El contralor Jorge Bermúdez, finalmente, firmó el dictamen con el que se buscaba zanjar si el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda debía o no concurrir a la comisión investigadora de los líos de platas de la Cámara. Sin embargo, como el militante RD asistió a la instancia se dio por superada la pugna.
La autoridad, que termina su mandato el próximo 15 de diciembre, también calificó como "poco democrática" la querella en su contra interpuesta por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y, además, descartó llegar a algún cargo de elección popular o ocupar algún ministerio en el futuro.
Este miércoles, el Mandatario defendió la relación familiar que existe entre el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, y Verónica Serrano, quien es indagada por el Ministerio Público por apurar la firma de convenios con fundaciones. En su campaña para llegar a La Moneda, el entonces candidato fue enfático en señalar que era necesario prohibir este tipo de contrataciones. "Es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy”, advirtió en ese momento.
Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se encontraran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022. Luego de eso, se sumó a la subsecretaría de Desarrollo Regional, donde ejerce como coordinadora interministerial del proyecto nueva Alameda Providencia.
