La titular de la Segegob, destacó las tareas que ha realizado La Moneda por esclarecer el traspaso de dineros públicos a distintas entidades privadas sin fines de lucro, descartando las críticas por la ausencia del jefe de asesores a la instancia de la Cámara de Diputados.
El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.
Edson Dettoni declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público, donde entregó una serie de antecedentes -entre ellos, WhatsApp-, en que reveló que la diputada sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade. Asimismo, apunta a que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre advertirle al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, de la información disponible hasta entonces. Sin embargo, desde La Moneda descartaron que este encuentro se haya producido.
Autoridad regional también entregaría testimonio en otras causas donde el Ministerio Público indaga traspasos de dineros entre el Estado y fundaciones. En esas otras indagatorias se mantiene como testigo y también como querellante.
Durante esta mañana, mediante un comunicado la Subsecretaría de Vivienda, indicó que "mal podría hablarse de desvinculación, ya que nunca existió un vínculo contractual entre dichas personas y la Seremi, Minvu o el Serviu".
El excandidato presidencial de la Lista del Pueblo está siendo investigado por fraude al Fisco, lavado de activos y estafa en perjuicio al Fisco. Desde la Fiscalía reiteraron que "su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, así como existe un riesgo serio y concreto de peligro de fuga”.
Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.
Al menos 16 penalistas son los que hoy trabajan en la defensa de parte de las 53 fundaciones indagadas por el Ministerio Público. Entre los defensores se cuentan los penalistas Luis Hermosilla, Susana Borzutzky, Gonzalo Medina, Ramón Sepúlveda, Matías Kunsemuller, además de profesionales de la Defensoría Penal Pública.
El presidente de la Cámara reiteró la postura de su partido de respaldar un acuerdo previsional con una repartición del 6% extra de cotización, con 3% para las cuentas individuales y 3% para el fondo solidario. Sobre los nudos existentes en la negociación, señaló que el rol que tomarán las AFP es fundamental: “Si la industria se va a dividir o no, puede generar tensiones no solo con la oposición, sino que también en el gobierno".
El organismo encargado de resguardar los fondos fiscales, presentará la judicial durante los próximos días ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de analizar nuevos documentos que se solicitaron al ente persecutor.
El pasado 14 de julio el Serviu de la Región de O'Higgins requirió a la fundación Arquiduc, vinculada a un exmilitante de Renovación Nacional, devolver los $121 millones que se le entregaron en 2021 para ejecutar dos convenios en campamentos de la zona. Pese a que es parte del 22% de convenios cuestionados que fueron firmados durante el gobierno anterior, se trata de la segunda solicitud de restitución de fondos en todo el país, después de Democracia Viva.
Entre los cambios propuestos se disminuye umbral de 7.000 UTM a 3.000 UTM de los recursos que deben ser visados por los consejeros regionales. Eso en caso que sea asignación a entidades públicas. En transferencias a privados todo debe ser analizado por los consejeros regionales. Además se mejorará la redacción de causales de infracción grave a normas de administración financiera en cuanto a destitución y se controlará la participación del gobiernos regionales en entidades privadas. Los diputados plantearon dudas sobre el endeudamiento.
En la reunión de este lunes, expusieron la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y el exsubsecretario de la misma cartera, Máximo Pavez. El jueves habrá una nueva sesión, para la que está programada la intervención de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.
