Ambas instituciones firmaron un convenio en el que se acuerda reforzar las medidas de seguridad para los fiscales vinculados a investigaciones de “violencia rural y cuya integridad física pueda encontrarse en riesgo”. El personal administrativo, en tanto, recibirá un entrenamiento especial por parte de la policía.
El hecho fue adjudicado por un Órgano de Resistencia Territorial (ORT) vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
La ministra del Interior, Izkia Siches y su par de Defensa, Maya Fernández, defendieron además el despliegue de efectivos militares en la zona. "Creo que es importante decir que es el Estado de excepción donde más efectivos hemos tenido", sostuvo la titular de Defensa.
La institución uniformada recibirá una inversión de $ 5.500 millones para camionetas blindadas y drones para ser utilizados en la Macrozona Sur. También se inaugurarán 12 nuevas unidades policiales y se aumentarán en un 40% las plazas de ingreso a Carabineros. Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric, en su primera cuenta pública, pidió al Congreso avanzar en una norma que restrinja en un 100% el porte de armas. Los anuncios encontraron críticas y apoyos.
Durante su discurso en el marco de su primera cuenta pública, el Mandatario precisó que si bien “estoy consciente que esta medida no resuelve el problema de fondo, (...) tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas a mi disposición para garantizar la seguridad".
La titular de Interior concurrió a la instancia para exponer sobre las medidas que ha tomado el gobierno ante el alza de violencia en la zona, y fue emplazada tanto por la oposición -desde donde incluso le pidieron que "dé un paso al costado"-, como por parte de algunos legisladores oficialistas, como la PS Emilia Nuyado, quien criticó “la militarización" en la Macrozona Sur, señalando que esta es una "provocación, es desconfianza".
La titular del Interior señaló esta tarde que el director de la PDI, Sergio Muñoz, la ha mantenido informada sobre el caso y que espera que la investigación en curso permita determinar a los responsables del homicidio del comunero Yordan Llempi Machacán, ocurrido en Tirúa en noviembre de 2021, en el marco del estado de emergencia que regía en ese entonces.
Audiciencia de control de detención se desarrolló esta tarde.
El siniestro ocurrió a 200 metros del Puente Lanalhue, cerca de diez kilómetros del área urbana de la comuna. Personal COP de Carabineros acudía al lugar.
“Nuevamente debemos condenar el ataque brutal a la localidad de Quidico, en la cual anoche quemaron dos viviendas pertenecientes a una tía, un familiar mío. Lo perdió todo absolutamente de un momento a otro por estos grupos que no han escatimado en los esfuerzos en seguir aterrorizando a la población", sostuvo el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur.
Entre el 6 y el 17 de mayo se registraron 49 delitos asociados al conflicto en las regiones del Biobío y La Araucanía. Once días después, y cuando la medida está por vencer, Carabineros cifró en 35 los ilícitos de este tipo. Otro dato que preocupa en las policías es que en cuatro días hubo 12 eventos de tales características.
“No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”, declaró Rodrigo Díaz. A la vez, sugirió que ante "la gran cantidad de dinero" que fluye producto del delito pudiese haber corrupción, aunque aclaró posteriormente que no tiene pruebas para sostener dicha acusación.
El presidente del Senado se refirió además a la eliminación del estado de emergencia de la nueva Constitución, asegurando que pese a que votará Apruebo, aún cree que el texto aún es “perfectible”, y que “hay que dotar al gobierno de las herramientas necesarias para resguardar la seguridad de las personas”.
Desde su visibilización en 2016, la WAM ha protagonizado algunos de los atentados más violentos que han ocurrido en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco. Han atacado forestales, predios, escuelas e iglesias y, también, se les atribuye una serie de homicidios. A pesar de esta notoriedad, públicamente no se les reconocen líderes. Eso sólo hace más difícil su desarticulación.
El asesinato del trabajador mapuche Segundo Catril Naculqueo (66) reactivó la preocupación de las autoridades por el incremento de los homicidios vinculados a la violencia rural en la denominada “zona roja”. El fiscal regional Roberto Garrido recalcó que en cuanto a crímenes de este tipo se está viviendo el peor escenario registrado en las dos últimas décadas. En lo que va del año ya hay más víctimas fatales que en 2021 y recién estamos en mayo. Acá están los rostros de quienes fallecieron en medio de estos violentos ataques, donde aún no hay detenidos.
