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"No hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva", agregó al respecto el artífice del programa de Boric en temas mapuches. En medio del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, abogó para que el Ejecutivo "retome el camino político" y asumió que “la posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados (...) quizás fue sobrevalorada”.

Boric recibió esta semana, por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, un balance trabajado en conjunto con las FF.AA. y Carabineros. El Mandatario aseguró que se ha dialogado también con “las distintas autoridades de la zona” y comunidades. “Para poder tomar decisiones sobre esto hay que escuchar mucho y tomar decisiones con mucha firmeza también”, expresó.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), sostuvo que “el gobierno ya tomó una decisión, todavía no se cumple ni siquiera el plazo de los primeros 15 días, eso se irá evaluando y es muy probable que termine renovando esos 15 días”.

El general Edward Slater, señaló que las Fuerzas Armadas "no andamos buscando el encuentro violento con las personas”, agregando que “no tenemos el equipamiento de Carabineros, andamos con munición de guerra (...) preferimos seguir realizando la labor preventiva, y no nos sentimos incómodos, somos militares, cumplimos con lo que se nos pide”.

Esta mañana la secretaria de Estado abrió un nuevo flanco al asegurar: “creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana”. Sectores del gremialismo y republicanos han pedido su salida de la cartera. A esto se sumaron cuestionamientos, en las últimas horas, desde el propio oficialismo.

María José Torres Macho, coordinadora residente de la ONU en Chile, fue recibida por la titular de Interior en La Moneda. Ejecutivo solicitó al sistema de Naciones Unidas apoyo para parlamentos territoriales cuyo inicio está contemplado para julio de 2022.

Según datos que maneja Carabineros, y que fueron sociabilizados con el gobierno y las FF.AA., entre el 18 y el 24 de mayo, se registraron 23 eventos violentos asociados a la violencia rural. Seis días antes, sin la medida en vigencia, ocurrieron 34 ilícitos de este tipo entre La Araucanía y el Biobío.

La Fiscalía de La Araucanía dispuso que los cuatro detenidos, hombres de 30, 45, 46 y 47 años de edad, los dos primeros con antecedentes penales previos por el mismo delito, pasen a control de detención este jueves.

La autoridad regional le entregó un plan de trabajo "en materia de generación de acción política con la realidad de un conflicto que está latente en una parte de nuestro territorio", el cual contempla -entre otras cosas- la compra de tierras y diálogo.

"En el lugar se encontraba personal de Carabineros custodiando el sitio del suceso, ya que en el sector se encontraron unos panfletos aludiendo a la causa mapuche”, señaló el 2º Comandante del Cuerpo de Bomberos de Lautaro, Víctor Orias.

El general Guillermo Paiva fue parte de la reunión con las ministras del Interior y Defensa, realizada este jueves en La Moneda y que se da en medio de los últimos hechos de violencia en la Macrozona Sur.

La ministra del Interior sostuvo que el gobierno optó por implementar el estado como una medida complementaria, y que más presencia militar "no es la solución de fondo".

En la cita se realizará un balance del estado de emergencia que rige desde el 17 de mayo en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, destinado a resguardar la seguridad de las rutas.

Alejandro Andrés Líguen Venegas, alias El Chino, de 24 años de edad, fue detenido durante un allanamiento en la madrugada por su presunta participación en el homicidio del inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Luis Morales Balcázar, asesinado en 2021 durante un allanamiento en Temucuicui. El Juzgado de Garantía de Collipulli ordenó su trasladado al Centro Penitenciario de Concepción y el plazo de la investigación se fijó en 3 meses.

El parlamentario socialista fue uno de los primeros en salir a emplazar al gobierno -tras la muerte del trabajador forestal Segundo Catril- para que utilice todas las medidas que provee el estado de excepción constitucional con el objetivo de resguardar a las regiones de La Araucanía y el Biobío. En esa línea, critica las aprensiones en Apruebo Dignidad frente al despliegue militar. "El Presidente Boric tiene que tomar decisiones pensando en los millones de chilenos que quieren más seguridad y no pensando en los enojos de ciertos sectores como el PC", asegura.