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El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento de un comunero mapuche el pasado martes, condenó el “espiral de violencia en la zona”, e hizo un “llamado al diálogo y reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas”.
Según se informó desde Presidencia, el Jefe de Estado enfatizó la importancia de la paz y la seguridad, el diálogo y la colaboración, y el desarrollo social y económico en la zona. En la cita participaron ministros, los encargados de la Defensa en el Biobío y La Araucanía, el general director de Carabineros, el delegado presidencial y gobernadores.
"Irrumpen en la casa habitación, iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja en el predio -ambos adultos mayores- a quienes apuntaron con armas, obligándolos a levantarse y salir de la vivienda la que ya se encontraba envuelta en llamas”, detalló el diputado en un comunicado.
Pablo Urquízar señaló que “desde hace mucho tiempo estamos trabajando en esto, tenemos identificados a toda orgánica radicalizada y terrorista, pero estamos en un marco de un estado democrático derecho, donde hay que reunir todas las pruebas para poder detener, desarticular y poder hacer que cumplan su pena respectiva”.
El fiscal Nelson Vigueras deberá esclarecer una eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones de al menos tres. Por su parte, Juan Yáñez indagará la responsabilidad de los detenidos ayer por los delitos de atentado contra la autoridad, infracción a la ley de armas y receptación.
Elisa Loncon aseguró, a raíz de los hechos de violencia ocurridos este miércoles en Cañete, que “la opresión no es a perpetuidad, los pueblos se liberan. Y nosotros estamos tras esa liberación". Asimismo, la representante mapuche propuso que la Comisión de Principios Constitucionales no realice actividades en la zona de Cañete, advirtiendo problemas de seguridad para los convencionales. Los escaños reservados, por su parte, llevaron una carta a La Moneda para poner "fin a la militarización del Wallmapu" y evalúan no asistir al viaje programado a la Región del Biobío para la última semana de noviembre.
A las 13.45 horas, un grupo de encapuchados se tomó parte del kilómetro 8 de la Ruta P-72, que une a Cañete con Tirúa, en la Región del Biobío. En ese procedimiento, Carabineros utilizó su carro lanzagases y requirió el apoyo de la Armada, quienes para repeler los ataques -señalaron- utilizaron sus armas de servicio. Hasta ahora, las primeras pesquisas dan cuenta de que la policía uniformada no habría utilizado sus armas y que ya entregaron a la PDI y a la fiscalía las cámaras corporales que portaban los funcionarios COP que estuvieron en el lugar.
En el registro se puede apreciar a una treintena de individuos encapuchados como guardia armada, portando diversas armas -con las cuales disparan- y con vestimenta militar.
El hecho ocurrió en una empresa constructora ubicada en el kilómetro 23, sector Selva Oscura, en la Provincia de Malleco. Sector se encuentra bajo estado de excepción desde el 12 de octubre.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que dos hechos ocurrieron durante la tarde en la carretera que une las dos comunas del Biobío, donde -afirma- personal de Carabineros y de la Armada habrían respondido a ataques de desconocidos. Aseguró que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público, y que la relación entre los decesos y estos incidentes son materia de la investigación.
A una semana de que venciera la segunda prórroga de la medida, el Presidente Piñera anunció el ingreso de solicitud para extender el estado de emergencia que rige en diversas provincias de la Macrozona Sur, para enfrentar los hechos de violencia que se viven en el territorio. "Lamentablemente estamos ante la presencia de ataques que siguen ocurriendo, quisiéramos que no ocurriera ninguno, pero entendemos que siempre hay gente que quiere reivindicar con actos terroristas y actos delincuenciales, causas que según ellos son justas", dijo esta mañana el ministro de Interior.
A una semana de que venciera la segunda prórroga de la medida, el Mandatario aseguró que “con satisfacción que a pesar que la Constitución permite durante la vigencia de un Estado de excepción, no hemos suspendido ni restringido ni derechos ni garantías constitucionales de las personas. Y se han respetado plenamente los derechos humanos de todos”. El oficio será ingresado en las próximas horas a través de la Cámara de Diputados.
Entre el 13 y el 27 de octubre se registraron 15 delitos asociados a la violencia rural en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. Durante las dos semanas previas habían sido 25 los ataques de este tipo.
