El capitán de Carabineros, Bruno Gallardo, indicó que uno de los jóvenes habría iniciado fuego en unos papeles que estaban en el comedor del recinto, lo cual se propagó a las otras dependencias. El Juzgado de Garantía de Concepción ordenó la internación provisoria del joven.
El órgano fiscalizador determinó que, de ejercer medidas judiciales, el servicio estaría efectuando acciones en contra de aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que debe proteger, por lo cual determina que aquello no puede aplicarse salvo casos excepcionales y fundados. A pesar de eso, mandata a la institución a tomar los resguardos necesarios para que los funcionarios no sean víctimas de malos tratos por parte de los usuarios del sistema.
Gabriela Muñoz participó de la instancia legislativa que revisa el libelo contra el ministro de Desarrollo Social, y que deberá elaborar un informe -no vinculante- sobre la pertinencia de la acción fiscalizadora.
Si bien aún no se han esclarecido las razones de su dimisión, esta se hará efectiva el 1 de abril. El subdirector nacional, Juan Ignacio Carmona, también renunció al servicio, pero dejaría el organismo el 18 de ese mismo mes.
A mitad de 2020 esta familia homoparental acogió a tres hermanos biológicos provenientes del Sename y, con la entrada en vigencia -mañana- de la nueva regulación, esperan entregar a sus hijos el reconocimiento legal de padres. Con la ley actual, hoy solo uno de ellos lo tiene.
El adolescente que desde los 7 años vive bajo la custodia del Estado. Desde ese momento se puso como meta ser unos de los mejores estudiantes para cambiar su destino: esta semana recibió la noticia de que fue puntaje nacional en la Prueba de Transición Universitaria de matemáticas, lo que le permitirá estudiar la carrera que siempre quiso. “Para todo niño estar en un hogar es complejo, es una situación adversa que no se supera fácil“, dice él, aunque confiesa que en su caso "fue la mejor decisión. De no haber llegado acá, sé que mi historia sería distinta”.
Ocho años en trámite cumplió el proyecto que reduce los plazos para que niños y niñas sean entregados a una familia idónea, e iguala las condiciones para solteros y casados dispuestos a acogerlos. Frente a estos plazos, un grupo de activistas está promoviendo que se reactive la discusión en el Parlamento.
De las 347 indagatorias que la Fiscalía Regional de Los Lagos abrió por los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes entre 2005 y 2016, 25 están vigentes, aunque con decisión de término sin imputado conocido. Las otras 322 causas están terminadas, con cuatro condenas conocidas a cinco personas: tres exfuncionarias ya cumplieron sus penas y otras dos -responsables de la muerte de la pequeña Lissette Villa- fueron condenadas por apremios ilegítimos. En enero se conocerá su sentencia.
