El Gobierno mandó analizar el agua, pero no quiere publicar los resultados antes de que termine la investigación sobre un posible sabotaje. Nadie tendrá acceso a esa información por lo menos en tres años. Los afectados, furiosos, exigen soluciones y piden que se declare una emergencia sanitaria.
Marta Durán de Huerta/RFI
10 may 2024 05:50 PM