Si bien los flujos migratorios a EE.UU. se ha reactivado, los expertos destacan que hoy la mayor parte de los inmigrantes y refugiados en América Latina es intrarregional. Con todo, afirman que las cifras observadas aún no permiten hablar de un “rebalsamiento” de las sociedades a raíz del fenómeno
Álvaro Bellolio criticó las "señales" e "incentivos" de Gabriel Boric y de la Corte Suprema para los migrantes que ingresan a Chile en forma clandestina.
“Necesitamos que las y los diputados entiendan que detrás de nuestro llamado no hay afanes electorales ni políticos. Estamos frente a una crisis humanitaria y el ministro Delgado no hace nada", aseguraron las autoridades regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta.
Según indicó el director del Servicio Nacional de Migrantes, la principal razón por la que las personas no ingresaban de forma clandestina a Chile era el riesgo a que fueran devueltas a su país origen, sin embargo, sostiene, "hoy ese riesgo eso es mucho menor, por lo que hay que cambiar la estrategia".
"Encontramos lamentable que hayan hecho estas declaraciones sin ni siquiera haber preguntado al gobierno", dijo Álvaro Bellolio.
Álvaro Bellolio manifestó, igualmente que "si nos preguntan si vamos a expulsar condenados por secuestro, tráfico de drogas, personas que tenían antecedentes penales en su país de origen por violación a menores de 14 años, sí, lo vamos a seguir haciendo”.
La acción contempla establecer una mesa de trabajo con las cancillerías de los otros países vinculados para frenar el delito a nivel internacional y realizar acciones para entorpecer la acción de estas bandas. Con esto el Gobierno busca asegurar una migración ordenada, segura y regular.
Uno de los aspectos clave impugnados fijaba el plazo, de máximo 72 horas, para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto que fue revocado es la norma que establecía el retorno asistido de menores.
Además, el pleno del Tribunal Constitucional acordó abrir audiencias públicas para la participación de la sociedad civil en este debate. La iniciativa fue despachada por el Congreso a comienzos de diciembre. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la ley impulsada por el Ejecutivo: "Como gobierno tenemos la convicción de que los artículos son constitucionales y así lo vamos a demostrar ante el TC".
El documento -emanado el lunes pasado por la Comisión Mixta, instancia compuesta por senadores y diputados- fue visado por 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones. Pero para convertirse en ley, este mismo informe debe ser también aprobado por la Cámara Alta.
Sala votó por sustituir la palabra "conviviente" del proyecto. Parlamentarios analizaron sus alcances legales. Además, se rechazó indicación renovada del gobierno para establecer que el Presidente (de turno) deba velar por evitar el "ingreso irregular".
Cámara Alta aprobó por amplia mayoría un mecanismo “intermedio”, ad portas de que se vote polémica enmienda calificada por sectores como “turismo laboral”.
Este jueves el Senado aprobó las primeras enmiendas de la iniciativa. Lo más destacado es que se visaron la mayoría de los artículos relativos a la creación del Servicio Nacional de Migraciones. Además de los puntos relativos a la promoción del Estado de la migración segura, ordenada y regular. Y a la no criminalización, es decir que la migración irregular no es constitutiva de delito.
