En inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, los exuniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes entre 2002 y 2008. Conocidos como “falsos positivos”, los crímenes de personas presentadas como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las FF.AA. de Colombia.
Tras el golpe de Estado llevado a cambio por las milicias de ese país, se han llevado a cabo diferentes manifestaciones en su contra. Al menos 57 personas murieron en una marcha multitudinaria contra la intervención política del Ejército en los últimos meses. “Debemos renunciar a la violencia y la división y creer en la victoria para construir un nuevo Sudán. El futuro del país es un gobierno democrático civil. El pueblo tiene la autoridad final y las fuerzas de seguridad están bajo sus órdenes para mantener su unidad e integridad territorial" señaló el ahora ex mandatario.
Después de 30 años pudieron ser enterrados por su padre los restos óseos de sus tres pequeñas hijas y su madre, asesinados por una patrulla militar el 4 de julio de 1991, en la comunidad indígena quechuablante de Santa Bárbara, en los Andes peruano. Los soldados no sólo acribillaron a 15 personas, entre niños y adultos, sino también los despedazaron usando varias cargas de dinamita con el fin de desaparecer sus cuerpos.
El Ejército de dicha nación informó que el suceso fue perpetrado por combatientes del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Según información oficial, esta emboscada a los uniformados es la tercera en las últimas dos semanas, que suman al menos siete efectivos y un civil fallecidos.
Las labores de las Fuerzas Armadas en la zona estarán enfocadas en cuatro áreas: disuasión, vigilancia, transporte y logística. Para cubrir las necesidades del gobierno en la zona, a las cinco unidades Fundamental de Apoyo a la Comunidad que operan ya en La Araucanía -que cuentan con 90 uniformados cada una- se les redoblará la dotación. Por lo tanto, serán 900 los efectivos que participarán de las labores de apoyo a Carabineros y la PDI, tras decretarse la emergencia.
Trubunal estadounidense acusa ahora a Haji Najibullah, de 45 años, de perpetrar ataques terroristas contra las tropas norteamericanas en 2007 y 2008, cuando comandaba un grupo de un millar de insurgentes en el distrito de Jaghato, en la provincia afgana de Wardak, vecina de Kabul. En uno de los atentados que ocurrió el 26 de junio de 2008 murieron tres soldados americanos y su intérprete afgano. El 27 de octubre del mismo año, Najibullah y sus hombres derribaron un helicóptero militar estadounidense sin víctimas fatales.
La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una prisión del puerto de Guayaquil el martes pasado, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.
Se trata de una petición de sobreseimiento definitivo, presentada por la defensa del general Pablo Onetto, único oficial activo de alto rango procesado en la investigación de la ministra en visita Romy Rutherford. De ser positiva una resolución a favor del general, marcaría el camino para que todos los generales investigados en la causa recurrieran a esta misma estrategia.
El general Iván Inchauste, quien desempeñó la jefatura castrense entre fines de 2019 y principios de 2020, fue ingresado de manera preventiva por seis meses a prisión tras una audiencia judicial, en el marco de un proceso que investiga la muerte de 19 personas en los poblados de Senkata y Sacaba. Este viernes otro jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra, también fue detenido por el caso de Senkata. A la fecha hay 10 militares acusados por la Fiscalía boliviana por represión y violación a los derechos humanos.
El anuncio se da luego de que Washington anunció la retirada de casi 12.000 militares permanentemente desplegados en Alemania, con el objetivo de reubicarlos en otros países de la OTAN.
Anuncio que realizó durante una visita a la Región de Tarapacá junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, donde fueron parte de una reunión de seguridad de la macrozona norte.
La ministra en visita, Romy Rutherford, despachó una orden de arresto contra un mayor y un suboficial del Ejército por ilícitos cometidos en 2016. La PDI ejecutó las aprehensiones durante esta mañana.
El hecho ocurrió este fin de semana en la Pampa, frente al Hito 14, justo en el límite de la frontera de Chile y Perú, mientras los efectivos policiales realizaban un operativo para detener a una persona que intentaba ingresar al país vecino.
