Los manifestantes atacaron con objetos contundentes una unidad de la División de Ingenieros del Ejército, que se encuentra cercana al establecimiento educacional, en calle Santo Domingo.
4 oct 2022 11:57 AM
Los manifestantes atacaron con objetos contundentes una unidad de la División de Ingenieros del Ejército, que se encuentra cercana al establecimiento educacional, en calle Santo Domingo.
En entrevista con La Tercera, el exsecretario ejecutivo de la CIDH afirma que las de hoy “son posiblemente las elecciones más polarizadas de la historia brasileña”.
El supuesto ataque también habría alcanzado varios puntos al sur de la referida ciudad, aunque los medios de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Siria habrían derribado la mayoría de los misiles.
De acuerdo a la coordinación que sostuvo la ministra de Defensa, Maya Fernández con las Fuerzas Armadas, durante el proceso eleccionario se desplegarán 27 mil efectivos que custodiarán los locales de votación desde esta medianoche.
Subsecretario azteca de DD.HH. y jefe de la Comisión de la Verdad dijo que una persona identificada como el coronel José Rodríguez Pérez fue el responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala. Alejandro Encinas indicó que se “presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”.
Ambos países aseguran que son ejercicios de naturaleza defensiva para coordinar fuerzas ante una hipotética invasión de Corea del Norte, según informa la agencia de noticias Bloomberg.
Los uniformados habrían ingresado al país en medio de una persecución a un grupo de contrabandistas que pretendía ingresar a Bolivia.
Así lo informó el ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, en un comunicado en el que detalló que ha quitado el estado militar a los seis miembros de las FF.AA. “Esta resolución se enmarca en el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa en la implementación de una política de respeto a los Derechos Humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil”, aseguró.
La medida establece que se podrá disponer de las FF.AA. para la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente. No podrá extenderse por más de 60 días, “sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional”.
Este lunes, y tras la reunión de comité político, se espera que el Ejecutivo anuncie la ampliación por otros 15 días del estado de excepción en la Macrozona Sur. En medio de la presión de los partidos del Socialismo Democrático por ampliar la distribución de las fuerzas militares, desde Apruebo Dignidad persisten aprensiones frente a esta herramienta constitucional. De hecho, ayer el timonel PC, Guillermo Teillier sostuvo que "estamos por mantener el estado de excepción ‘acotado’, esperemos que por no mucho tiempo". Por ahora, la medida continuaría bajo las mismas condiciones actuales, sin mayor militarización en zonas urbanas.
En inédita audiencia de dos días, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, los exuniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes entre 2002 y 2008. Conocidos como “falsos positivos”, los crímenes de personas presentadas como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las FF.AA. de Colombia.
Tras el golpe de Estado llevado a cambio por las milicias de ese país, se han llevado a cabo diferentes manifestaciones en su contra. Al menos 57 personas murieron en una marcha multitudinaria contra la intervención política del Ejército en los últimos meses. “Debemos renunciar a la violencia y la división y creer en la victoria para construir un nuevo Sudán. El futuro del país es un gobierno democrático civil. El pueblo tiene la autoridad final y las fuerzas de seguridad están bajo sus órdenes para mantener su unidad e integridad territorial" señaló el ahora ex mandatario.
Después de 30 años pudieron ser enterrados por su padre los restos óseos de sus tres pequeñas hijas y su madre, asesinados por una patrulla militar el 4 de julio de 1991, en la comunidad indígena quechuablante de Santa Bárbara, en los Andes peruano. Los soldados no sólo acribillaron a 15 personas, entre niños y adultos, sino también los despedazaron usando varias cargas de dinamita con el fin de desaparecer sus cuerpos.
El Ejército de dicha nación informó que el suceso fue perpetrado por combatientes del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Según información oficial, esta emboscada a los uniformados es la tercera en las últimas dos semanas, que suman al menos siete efectivos y un civil fallecidos.