El secretario de Estado afirmó que su cartera "respeta plena y absolutamente la separación de los poderes y las determinaciones que los jueces hacen en el ejercicio de sus funciones”.
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El machi condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay lleva 93 días de ayuno, y su situación -junto a la de otros mapuche condenados en Angol- se llevó por delante las prioridades del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. Para el gobierno la urgencia es que lo deponga, sobre todo tras los violentos episodios del fin de semana. Pero no hay piso en Palacio ni en su sector para concederle que cumpla sentencia en su domicilio. Sí "hay posibles puntos de encuentro" en otras demandas. Las negociaciones las lleva el subsecretario de Justicia y no la cartera del nuevo jefe de gabinete; ambas se reunieron ayer.
La firma del convenio entre el servicio y la ANI, y un impasse público en un reportaje de televisión, marcaron la salida de la ingeniera comercial de confianza del Presidente Piñera.
"La ley es buena, tiene un contenido humanitario bueno, lo que pasa es que no puedes dejar a la gente abandonada a su suerte una vez que la sueltas", dice la profesional que se ha dedicado a la reinserción desde la Corporación Abriendo Puertas y que esta semana fue nominada por el INDH para diseñar el nuevo Mecanismo de Prevención de la Tortura.
El acuerdo entre ambas instituciones tenía como objeto “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI".
Así desde el Ministerio de Justicia se intenta dar mayor protección y seguridad a los cerca de 1.046 internos de esta cárcel y a los funcionarios de Gendarmería. Ya la semana pasada se habían tomado 100 de estos test a la población penal.
En total serán 1.860 las personas que dejarán los recintos penitenciarios para evitar contagios por el coronavirus. Para asegurar el cumplimiento de la medida Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control.
La ceremonia que se llevó a cabo en La Moneda se efectuó luego de que esta jornada se diera a conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado lunes 13 de abril decidió rechazar un recurso presentado por senadores de Chile Vamos en contra de la iniciativa de gobierno.
Al interior de este recinto carcelario, al día de hoy martes 14 de abril, son 43 funcionarios y 22 internos los que tienen coronavirus. La población penal de este recinto alcanza las 1.046 personas privadas de libertad.
El secretario de Estado aseguró que "los planes y medidas, que hemos adoptado de manera urgente, de prevención y cuidado de la salud de este sector de la población (menores y privados de libertad), coinciden con la línea recomendada por esta Comisión”.
La normativa busca que las personas limiten al mínimo sus desplazamientos y no se vean afectados sus derechos, por no poder asistir a citaciones de diversa índole. Esto en el marco de la crisis sanitaria por el Covid-19
El economista dice que apoya al gobierno de Sebastián Piñera, pero asegura que la iniciativa presentada ayer al Congreso para evitar brotes de coronavirus en las cárceles es equivocada. En conversación con La Tercera PM también aborda el intento de obtener beneficios de Pilar Pérez, condenada a 63 años por el asesinado de su hijo Diego Schmidt- Hebbel, de su exmarido Francisco Zamorano, y su pareja, el tecnólogo médico Héctor Arévalo.
¿Hasta dónde se puede correr el cerco ampliando beneficios carcelarios con el fin de evitar un brote de coronavirus en las cárceles? El debate motivó esta semana la intervención pública de Klauss Schimidt -Hebbel, padre de una de las víctimas de Pilar Pérez. A su vez, la defensa de la arquitecta que se hizo conocida como "La Quintrala" apuesta a que su representada obtenga el beneficio de arresto domiciliario.
El valor del pasaporte no cambiará, por lo que se mantendrá el cobro de $89.660 para aquellos de 32 páginas y de $89.740 para los de 64 páginas.
La cartera que encabeza Hernán Larraín sostuvo que el gobierno "comparte la preocupación" del organismo internacional, asegurando que "que se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".
