El Servicio Médico Legal (SML) capitalino se trasladará a un moderno edificio, de 24 mil metros cuadrados, en que funcionará: Tanatología, Clínica, Salud Mental, Laboratorios, el Codis (sistema de índice combinado de ADN) y el área administrativa. Estará emplazado entre el Centro de Justicia y la Cárcel de Alta Seguridad y para concretar esto se invirtieron $ 53 mil millones.
Además, el ministro Hernán Larraín se refirió a la propuesta de reforma constitucional presentada ayer por cinco senadores, en la que establecen 'condiciones de salida' para los convencionales a raíz del caso Rojas Vade. "Quizás sea el camino más adecuado para solucionar problemas como este, que se ha producido a propósito de la renuncia de un convencional que no está incorporada”, dijo quien lidera la cartera de Justicia.
“Es una tremenda noticia seguir avanzando en la aprobación de este proyecto que va a permitir que todos los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, cumplan la totalidad de su condena hasta el final, sin tener la posibilidad de acceder al beneficio de reducir su tiempo en prisión”, destacó el ministro de Justicia Hernán Larraín ante el avance de la iniciativa.
El 15 de enero pasado, el Ministerio de Justicia les ordenó devolver las remuneraciones percibidas por quienes se desempeñen como consejeros de la aseguradora. Sin embargo, la mutualidad, representada civilmente por el abogado Raúl Tavolari, arremetió y presentó una demanda en contra del Estado, pidiendo al tribunal que determine que la repartición, dirigida por Hernán Larraín, carece de atribuciones y competencia para fiscalizarlos y, además, que se declare que las remuneraciones pagadas a los consejeros de la Mutualidad, por el desempeño de sus funciones, son pagos válidos y no sujetos a restitución.
En total, la Mutualidad de Carabineros -previa orden del Ministerio de Justicia- requirió la devolución de los dineros a 23 exconsejeros que integraban la aseguradora de los uniformados. De ellos, solo cuatro personas devolvieron los montos. Entre los demandados, a quienes se les acusa de no entregar el dinero, están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure por $ 27 millones y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa por $ 50,8 millones y Marcos Vásquez por $ 29,7.
La iniciativa introduce un nuevo párrafo al Código Penal, relativo al “proxenetismo, explotación sexual comercial, y pornografía de niños, niñas y adolescentes”, que permitirá darle un tratamiento correspondiente.
Mierzejewski se desempeñaba como director subrogante del Registro Civil desde octubre de 2020, cuando el gobierno solicitó la renuncia a dicho cargo al abogado Jorge Álvarez, debido a la necesidad de un perfil más técnico.
"El día de hoy se le va a ingresar la urgencia suma para que este proyecto pueda ser despachado en 15 días", dijo el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. En horas de la mañana, el ministro de Justicia manifestó confianza respecto a la prontitud de su tramitación: "Creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa, de manera que no debería haber tanta dificultad".
En el Ministerio de Justicia ya tienen listo el protocolo con el que se regirá la modalidad remota y semipresencial en la que se desarrollará la justicia penal cuando se acabe el estado de excepción constitucional que permitió suspender miles de audiencias en el país a causa del Covid-19. El titular de la cartera, Hernán Larraín, pide al Congreso que apure la tramitación de la reforma que permitirá afrontar un histórico retraso, no sólo en lo penal, sino que en diversas materias, ya que le preocupa que este atochamiento está provocando "consecuencias desastrosas para el respeto de los derechos de cientos de miles de personas".
Con la decisión del Tribunal Constitucional, el secretario del Senado no podrá ser formalizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra por infringir las medidas sanitarias al acudir a un restaurantes de mariscos en cuarentena. "Las sanciones penales que requieren de un cierto procedimiento vamos a evaluar cómo se continúan con ellas", dijo Hernán Larraín.
Ante una comisión del Senado, el titular de Justicia también expresó su “total compromiso con asegurar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes" incluidos "los infractores juveniles”, enfatizó.
Hoy el ministro de Justicia le mandó a decir elegantemente por Twitter a la Comisión de Constitución del Senado que ya ha tenido que renovarle 19 veces la suma urgencia al proyecto desde enero y que no avanza. En su cartera reclaman que dicho grupo nunca lo ha puesto en tabla, pese a que sí lo han hecho con otras normas que no tienen esa premura legal. Los congresistas opositores retrucan que están atestados de trabajo, incluso por otras leyes del gobierno. La reforma, ingresada el 2018, es el enésimo intento por cambiarle las reglas del juego a un gremio al que Larraín ya acusó de hacer lobby el año pasado.
En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agradeció y reconoció el accionar realizado por el doctor Gabriel Zamora, quien estuvo subrogando el cargo por ocho meses.
Legisladores de oposición introdujeron una indicación para incorporar los crímenes de lesa humanidad en el catálogo de delitos excluidos de beneficios carcelarios.
El lunes se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y de la Mujer para aunar un criterio común frente al 84% de deudores de pensiones de alimentos. La meta es alcanzar un acuerdo que represente a todo el arco político y también al Poder Judicial. El plazo autoimpuesto es de cinco semanas.
