Ministerio Público anunció un sumario para determinar si hay irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información en el marco de los operativos de demoliciones en La Florida.
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"Hoy los narcos están celebrando, porque no esperaban que iban a tener un aliado tan potente" indicó el alcalde de La Florida, quien agregó que la investigación del ente persecutor "va a terminar en un sobreseimiento, porque no hay mérito para castigar al fiscal”.
Desde su llegada al cargo del máximo persecutor, Ángel Valencia, ha realizado una serie de modificaciones al interior del Ministerio Público. Sin embargo, hay algunos puestos de confianza que se han mantenido, como el caso de la jefa de gabinete de Jorge Abbott, quien hasta el lunes desempeñó las mismas funciones y que ahora liderará la Unidad de Derechos Humanos. Como ese existen otros casos, aunque lo que más preocupa al interior de la fiscalía es que aún no tenga a su "mano derecha"; a 67 días de asumido, aún no se designa al director ejecutivo nacional.
El persecutor fue consultado sobre el tema a la salida de La Moneda: "Cuando haya algo más que comunicar lo podremos hacer”, indicó.
El presidente de la Corma, Juan José Ugarte, aseguró que le "corresponderá al Ministerio Público el de poder llegar finalmente a definir cuáles son las causas que están detrás de estos hechos delictuales y de estas organizaciones criminales”.
La máxima autoridad del Ministerio Público llamó a la ciudadanía a esperar el resultado de las investigaciones que están en curso, con el fin de poder aportar antecedentes más precisos. A pesar del llamado de Valencia, el persecutor indicó que "la intencionalidad no está descartada ni la negligencia”.
En medio de su visita a Santa Juana, el máximo persecutor anunciará ayudas especiales a los afectados, donde se pondrá especial foco en quienes también son víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. Se espera que durante la jornada, además, se pronuncie respecto de investigaciones sobre los orígenes de los siniestros. Esto, luego de que surgieran antecedentes respecto de eventuales responsabilidades de empresas eléctricas.
Este lunes, y tras ocho años de investigación, comenzó el juicio oral del caso SQM, en que se persigue el presunto financiamiento irregular de la política y cohecho. Esta etapa se espera que se extienda por dos años, lo que ha generado cuestionamientos desde la defensa de los imputados. Esto, porque en la causa existen dos fiscales con dedicación exclusiva desde hace ocho años y que estarán 100% dedicadas a esta causa por otros dos. Todo aquello tiene un gasto proyectado superior a los mil millones de pesos a lo largo de la década que durará esta indagatoria, en que ninguno de los imputados arriesga pena efectiva de cárcel. Abogados acusan desproporción y gasto innecesario del Estado.
Desde la región del Biobío, donde entregó viviendas de emergencia, el Mandatario abordó la misiva del Grupo de Puebla -firmada por su par de Argentina- en la que se cuestiona a la Justicia chilena por el manejo del caso SQM y se respalda a Marco Enríquez-Ominami.
Este miércoles el denominado Grupo de Puebla publicó una misiva en apoyo al excandidato presidencial chileno, Marco Enrique-Ominami (MEO), quien actualmente está enfrentando el juicio oral por el caso SQM.
Más temprano en una reunión con la Conaf, el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, tras ser consultado por la presunta responsabilidad de los monocultivos en la propagación de los siniestros, señaló que "la industria forestal es víctima de estos hechos".
Las autoridades policiales han cifrado en 10 las personas detenidas por su presunta responsabilidad en causar parte de los siniestros que han ocurrido en la zona centro-sur del país y que han dejado 26 personas fallecidas y más de 280 mil hectáreas quemadas. La mayoría de ellos fueron aprehendidos sindicados como quienes iniciaron el fuego, mientras que otros tres fueron acusados de portar elementos incendiarios.
Fiscal nacional entregó la tarea al persecutor regional, Raúl Arancibia, quien deberá indagar 20 causas penales abiertas que incluyen-entre otros delitos- secuestro con homicidio y robo con homicidio.
Fiscalías regionales de la capital entregaron sus cuentas públicas por casos del año pasado.
La Fiscalía Centro Norte formalizó a un cabo primero de Carabineros. Se le atribuyó haber recibido una coima para no cursar un parte a un conductor, quien posteriormente le pagaba una comisión por ayudarlo a negociar cigarros contrabandeados con un locatario chino en el barrio Meiggs. Además, el funcionario policial recibía dinero de parte de la dueña de una discoteque en la cual él realizaba labores de protección, incluso mientras estaba de turno en su comisaría.
