Es la quinta acción de este tipo contra los ministros del gobierno de Gabriel Boric que no es aprobada en el Congreso. En la sesión, los legisladores acogieron la cuestión previa deducida por la defensa del secretario de Estado, con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención. Con ello, la acción se entiende por no interpuesta.
La instancia había invitado a cuatro expositores para esta segunda jornada: dos por parte del oficialismo y dos por la oposición. Sin embargo, solo llegó a la sesión el profesor en Derecho Administrativo William García, convocado por los diputados oficialistas.
En el marco de una actividad en Puerto Montt, el titular del Minvu declinó comentar sobre el fondo de la acción presentada el martes ante la Cámara Baja por la oposición, aunque relevó el “pleno respaldo” que le brindó el Presidente a su gestión.
"Siempre he sido muy crítica del abuso de este tipo de instrumentos, también cuando mi sector era oposición", dijo la ministra del Interior. En ese sentido, acusó que “ahora, a mitad de mandato, el gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene más ministros acusados que todos los que tuvo el Presidente Sebastián Piñera”.
En más de una declaración de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta ha quedado en evidencia que entre las personas contratadas por el exseremi Carlos Contreras existe un diseñador gráfico del cual no se conoce su trabajo, pese a recibir un sueldo. Esto generó que los trabajadores de la repartición le llamaran "el fantasma". Se pesquisa a este profesional, ya que según consta en el expediente del Ministerio Público registra movimientos bancarios con la diputada Catalina Pérez, quien está en la mira de la justicia.
Desde el sector, además, proyectaron que el líbelo no contaría con el respaldo necesario en el Congreso.
El ministro de Vivienda dijo que desconoce aún el contenido del líbelo que presentará la oposición, pero que es “primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad". Además, señaló “el que decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estimó que hay “antecedentes fundados de participación” de los imputados en los ilícitos indagados. Se fijó un plazo de investigación de seis meses.
"El ministro Montes cuenta con el apoyo nuestro y sobre todo con el apoyo del Presidente", afirmó la líder del PS.
El secretario de Estado habló en un principio de haber recibido un "informe que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”. El Minvu, a través de un comunicado, salió a corregir al titular de la cartera, afirmando que sólo se trató de una minuta: “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda”.
La exautoridad del Minvu sostuvo que "el informe se lo entregué al ministro (Montes) antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.
“Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance (...) Lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público ", agregó el titular de Vivienda luego de que se detuviera al exseremi del Minvu, Carlos Contreras y a Daniel Andrade, ex representante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.
El secretario de Estado detalló que se han entregado 92.093 viviendas, hay 125.191 en ejecución y otras 82.649 aprobadas para iniciar su construcción. La meta final es dar 260 mil viviendas durante la administración del Presidente Gabriel Boric, hasta fines del 2025.
A seis meses de que estallara el caso por transferencias entre organismos estatales y fundaciones, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, decidió separar las indagaciones y precisó las infracciones que se persiguen. De esta forma, confirmó que hay una hebra que se centra en las eventuales omisiones en que habrían incurrido funcionarios de la cartera liderada por el ministro Carlos Montes.
Durante la mañana el titular del Minvu se reunió con la bancada de diputados del Partido Socialista y, a la hora de almuerzo, con la mesa ejecutiva de la tienda. Ambas instancias estuvieron marcadas por una cerrada defensa a las gestiones del secretario de Estado.
