El ministro aseguró que los cerca de US$300 millones que está pidiendo el consorcio a cargo de la construcción, equivale a un aumento de aproximadamente un 50% en el valor de la obra.
Rodrigo Martínez
24 dic 2019 02:08 PM
El ministro aseguró que los cerca de US$300 millones que está pidiendo el consorcio a cargo de la construcción, equivale a un aumento de aproximadamente un 50% en el valor de la obra.
La empresa comunicó ayer la decisión a las autoridades, por medio de una carta, en la que además dice que ha sufrido cuantiosas pérdidas y que se ve obligada a tomar las medidas necesarias para obtener una compensación económica.
Además, agregó que "hacemos presente que ese hecho (suspensión de las obras), de ocurrir, sería de extrema gravedad, estableciendo el contrato claramente las consecuencias de ello".
Precisó que el Consorcio pidió aumentar los pagos en US$300 millones, algo a lo que se han negado tanto el anterior como el actual Gobierno.
La Asociación de Concesionarios y el MOP están monitoreando en conjunto la situación que afecta a plazas de peajes de rutas interurbanas y pórticos de autopistas urbanas. Los diversos daños se encuentran en etapa de evaluación y revisión con las aseguradoras.
Mediante una presentación a la instancia resolutiva, la concesionaria del aeropuerto exigió que se le reconozcan mayores costos por US$14,2 millones.
El MOP confirmó que está "en un proceso de análisis de los argumentos presentados como justificación de este aumento de plazo y evaluando si para el logro del proyecto, es atendible dar o no el tiempo solicitado o parte de él".
En octubre las partes se dieron cita para conversar sobre el término de contrato del proyecto embalse Punilla que en 2016 Astaldi se adjudicó.
Desde enero, se elimina el alza fija de 3,5% real que podían subir los peajes de las autopistas urbanas cada año y solo podrán hacerlo por IPC. A modo de compensación, una vía es elevar los años de los contratos.
Los acuerdos, negociados empresa por empresa, están cerca de cerrarse. Las propuestas que presentaron originalmente no dejaron satisfecho al gobierno.
Este consiste en tres medidas: el retorno de las operaciones, transporte para los funcionarios y un reforzamiento del sistema de información por parte de las empresas.
Contraloría tomó razón de las bases del proceso, que se abrirá en los próximos días. El nuevo contrato incorporará un "gatillador de inversiones".
Los acuerdos, que se han negociado empresa por empresa, están próximos a cerrarse. La meta del gobierno es que la nueva fórmula de reajuste se refleje en la variación tarifaria que entrará en vigencia el 1 de enero próximo.
Plan Nacional de Embalses considera la construcción de 26 nuevas represas. Cuatro de ellos están en construcción y/o licitación, mientras que las otras 22 aún están en fase de estudios. La idea es que el país cuente con 46 instalaciones de este tipo, para así guardar 7.948 millones de metros cúbicos de este recurso básico al año.
La crisis -que motivó esta mañana una nueva bilateral entre los ministros de Obras Públicas y Agricultura- se perfila ya como un problema político que no solo desafía al gobierno, al que se le critica por haber reaccionado a destiempo. También asoma como tema crítico de campaña, al menos según parlamentarios de zonas castigadas.