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Entre sanciones internacionales, la detención de candidatos opositores e irregularidades en los tribunales electorales, los nicaragüenses acuden a las urnas este domingo en un proceso que algunos consideran viciado y hecho a la medida de Daniel Ortega, quien busca una nueva reelección.
El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, manifestó que el organismo no mandará al país centroamericano observadores electorales, puesto que el “señor presidente, Daniel Ortega, ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones”. Sin embargo, el gobierno del mandatario sandinista -que aspira a su cuarto mandato, el segundo con su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta-, ha asegurado que todas estas detenciones se han llevado a cabo conforme a la ley.
El organismo manifestó que los comicios presidenciales nicaragüenses ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”. El gobierno de Ortega, al rechazar el informe de la CIDH manifestó que “no es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”.
Estudio elaborado por IDEA Internacional, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas de Nicaragua define los comicios del próximo 7 de noviembre, en los que Daniel Ortega busca su quinto mandato, como “un plan doloso para acabar con la democracia”.
“Gracias al presidente Vladimir Putin (...) estamos juntos en la lucha por la paz, la soberanía y la justicia”, expresó el presidente nicaragüense durante la entrega de un lote de 250 autobuses rusos a cooperativas de transporte, a 12 días de las elecciones en las que busca su cuarto mandato consecutivo. Al mismo tiempo, acusó a Estados Unidos de tratar de dominar a su país lanzando “todo tipo de calumnias, mentiras e infamias”, y de hacer lo mismo con Rusia, China “e incluso con sus aliados europeos”.
La Policía Nacional de ese país informó que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de “arbitrarias” las detenciones de los dos empresarios y demandó el respeto a su integridad.
El escritor y exvicepresidente del régimen de Daniel Ortega dice a La Tercera que “son los modelos exitosos en institucionalidad los capaces de superar crisis profundas. Como Chile, donde el pueblo eligió una Asamblea Constituyente y a fin de año un Presidente”.
En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores urgieron al gobierno de Joe Biden a aplicar contra el mandatario nicaragüense el arsenal de medidas punitivas previstas en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, conocida como NICA Act, y el proyecto de ley RENACER, aprobado por el Senado en agosto. En la misiva, los senadores señalaron que desde mayo el gobierno de Ortega ha acosado y encarcelado a más de 150 líderes de la oposición, incluyendo cinco candidatos presidenciales.
El ministro de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Denis Moncada manifestó en la Asamblea General de Naciones Unidas que “nosotros respetamos a todos (...) y exigimos igual respeto para nuestra Nicaragua, libre, independiente, soberana y con autodeterminación”. “No es el imperio norteamericano el que elige en Nicaragua, es el pueblo nicaragüense, ratificando su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas”, enfatizó.
La alta comisionada hizo un llamado “a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente” en Venezuela. Además, advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante”.
El premio Cervantes 2017 y excolaborador del presidente Daniel Ortega es acusado, además, de recibir fondos -con el objetivo “desestabilizar” el país- de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los cargos contra el autor de “Castigo divino” son los mismos que atribuyen a otros 34 opositores del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a falta de solo dos meses para la realización de elecciones generales. Ramírez, quién está fuera del país de Centroamérica desde fines de junio, emitió un comunicado donde señala que es "un escritor comprometido con la democracia y la libertad (...) las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio".
Un tribunal dispuso en el segundo día de audiencias contra 34 opositores presos, enjuciar a los candidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, según un comunicado del Ministerio Público. El gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y en busca de un cuarto periodo, considera que los opositores detenidos buscan derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.
En entrevista con La Tercera, el Presidente uruguayo asegura que en su país la alternancia del poder está consolidada y califica a Uruguay como de “centro”. También aborda el manejo de la pandemia: “Nunca creímos que la cuarentena obligatoria era viable”.
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