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El premio Cervantes 2017 y excolaborador del presidente Daniel Ortega es acusado, además, de recibir fondos -con el objetivo “desestabilizar” el país- de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los cargos contra el autor de “Castigo divino” son los mismos que atribuyen a otros 34 opositores del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a falta de solo dos meses para la realización de elecciones generales. Ramírez, quién está fuera del país de Centroamérica desde fines de junio, emitió un comunicado donde señala que es "un escritor comprometido con la democracia y la libertad (...) las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio".

Un tribunal dispuso en el segundo día de audiencias contra 34 opositores presos, enjuciar a los candidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, según un comunicado del Ministerio Público. El gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y en busca de un cuarto periodo, considera que los opositores detenidos buscan derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.

En entrevista con La Tercera, el Presidente uruguayo asegura que en su país la alternancia del poder está consolidada y califica a Uruguay como de “centro”. También aborda el manejo de la pandemia: “Nunca creímos que la cuarentena obligatoria era viable”.

Ante la retórica de manipulación electoral en los últimos comicios regionales, los ojos están puestos sobre Argentina, Nicaragua y Brasil.

El régimen de Daniel Ortega llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Costa Rica, países a los que calificó de “irrespetuosos” e “injerencistas”.

Según indicó el propio medio, los agentes policiales accedieron a sus instalaciones y mantuvieron retenidos e incomunicados a periodistas y colaboradores así como han cortado el acceso a Internet y a servidores. Justo el jueves las autoridades del periódico habían denunciado que dejarían de circular con la edición impresa debido a que la Dirección General de Adunas de Nicaragua mantiene bajo custodia la materia prima.

“Ya nadie está seguro. (Quedarse) no tenía sentido, me iban a llevar presa o me iban a deportar”, dijo durante una entrevista en Telenoticias, popular noticiero de Costa Rica, la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nicaragua, Carmella Rogers, conocida como Kitty Monterrey. A la dirigente de 71 años, de padre estadounidense y madre nicaragüense, le fue anulada la semana pasada su cédula de identidad nicaragüense y, dos días después, le cancelaron su pasaporte como nacional. La acciones contra CxL y la salida de Monterrey ocurren a tres meses de las elecciones presidenciales y cuando el gobierno sandinista ha detenido a 32 opositores, a quienes acusa de traición a la patria.

El abogado de DD.HH estadounidense, cuya carrera ha inspirado una serie de Amazon Prime, sostiene que un prisionero político “es alguien detenido por ser quien es o por lo que cree, y que no ha utilizado ni defendido la violencia”. Genser, que recalca la importancia de los mecanismos internacionales de monitoreo sobre derechos humanos, ha sido el abogado de figuras como Liu Xiaobo y Desmond Tutu, y ahora defiende a dos candidatos presidenciales presos en Nicaragua.

En conversación con La Tercera desde Managua, el abanderado presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad señala que “yo ni siquiera estaba aspirando a esta candidatura”. Anoche, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del partido opositor, sacándolo del juego político tres meses antes de las elecciones presidenciales.

El Consejo Supremo Electoral tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno sandinista, pidió horas antes al CSE anular al partido Ciudadanos por la Libertad alegando actuaciones reñidas con la ley. Según el texto presentado por el PLC, la colectividad impugnada tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley”.

El país ya vetó el 12 de julio el ingreso al país de un centenar de legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses y sus parientes directos, bajo su política de denegación de visado a “responsables o cómplices de socavar la democracia”.

Después de una ola de detenciones que ha dejado tras las rejas al menos a siete precandidatos presidenciales y a cuatro meses de los comicios generales, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL) logró inscribir formalmente al excomandante de la contrarrevolución sandinista Óscar Sobalvarro y a la miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada, para frenar al orteguismo en las urnas. Ayer venció el plazo para inscribir candidatos.

“Tenemos nuestra fórmula, nuestros candidatos electos en este congreso por unanimidad”, Ortega y Murillo, anunció el militante sandinista Gustavo Porras, durante el congreso del FSLN.

Las medidas afectan a un total de “14 personas” que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos haberes en la UE están congelados.

Nicaragua atraviesa por una nueva crisis política tras el arresto de 29 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia cuando restan poco más de tres meses para los comicios generales.