A través de una declaración publicada por Cancillería, el gobierno de Chile manifestó que “el deterioro de la situación de los derechos humanos y libertades públicas en ese país, constituye un obstáculo a la realización de un proceso electoral acorde a las normas y estándares internacionales”.
Las denuncias fueron realizadas por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y el Movimiento Campesino del país centroamericano, donde hasta el momento 21 políticos y periodistas independientes han sido aprehendidos en la última oleada represiva, incluidos cuatro precandidatos presidenciales, que el gobierno de Daniel Ortega ha iniciado contra disidentes a meses de las elecciones presidenciales.
El escritor nicaragüense, que ejerció como vicepresidente del gobierno sandinista a mediados de los 80, sostiene que el Presidente de Nicaragua ya no posee ningún límite: “Su interés fundamental es permanecer en el poder -por medio de una tercera reelección- y llegar a las elecciones de noviembre con un candidato opositor a su gusto”. Sergio Ramírez también dice a La Tercera que parte de la izquierda de América Latina “no quiere entender que en Nicaragua hay una dictadura”.
El exguerrillero sandinista se describe como “el Presidente de los pobres”, junto a su familia tienen el monopolio del combustible y energía en el país. El sandinismo ha impulsado una serie de detenciones de opositores previo a las elecciones de noviembre.
En su resolución, el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó “requerir al Estado (nicaragüense) que proceda a la liberación inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera. Las medida provisionales de la Corte IDH, se suelen dar “en casos de extrema gravedad y urgencia” y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros, entre ellos Nicaragua.
Los parientes de los políticos detenidos demandaron este jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos. Los familiares de los disidentes, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su su integridad física. El presidente Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo.
El canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó las "medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen desestabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país".
Por otro lado, un total de 59 países urgieron este martes al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes, que, a su juicio, impedirían celebrar elecciones “libres”.
Ambos gobiernos se abstuvieron de votar una reciente resolución de la OEA que condenó las acciones de Daniel Ortega.
El exministro del FSLN y excandidato a la Presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista califica de “indignante” la ofensiva del líder de Nicaragua contra la oposición.
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se señaló que “Chile condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua. A su vez, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
La resolución, patrocinada entre otros países por Chile, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina y México se abstuvieron. Managua declaró "inadmisible” el texto adoptado y acusó una “acción de injerencia”.
La sesión extraordinaria de esta jornada fue convocada por Chile, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica. La resolución fue aprobada por 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
En un comunicado titulado “Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho”, el régimen sandinista del presidente Daniel Ortega ha apuntado que, según la ley electoral del país, los candidatos disidentes detenidos son “usurpadores de la oposición” y ha apuntado que “lo único que tienen en común en su lealtad a Estados Unidos”.
