A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se señaló que “Chile condena enérgicamente la persecución penal y política desatada en contra de los precandidatos presidenciales, partidos políticos, disidentes, opositores y medios de comunicación independientes de Nicaragua. A su vez, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
La resolución, patrocinada entre otros países por Chile, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina y México se abstuvieron. Managua declaró "inadmisible” el texto adoptado y acusó una “acción de injerencia”.
La sesión extraordinaria de esta jornada fue convocada por Chile, Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica. La resolución fue aprobada por 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
En un comunicado titulado “Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho”, el régimen sandinista del presidente Daniel Ortega ha apuntado que, según la ley electoral del país, los candidatos disidentes detenidos son “usurpadores de la oposición” y ha apuntado que “lo único que tienen en común en su lealtad a Estados Unidos”.
La policía de Nicaragua detuvo este fin de semana a dos exguerrilleros históricos: Dora María Téllez y Hugo Torres, quien liberó de la cárcel al líder sandinista en 1974. Washington llamó a los países miembros de la OEA a "enviar una señal clara" al gobierno de Daniel Ortega.
Hace 11 días, la periodista fue inhabilitada por la justicia de Nicaragua y está aislada cumpliendo arresto domiciliario en la casa que comparte con su madre, la expresidenta Violeta Chamorro, la misma que hace 31 años venció en las urnas al exguerrillero sandinista.
“Quería iniciar [sus comentarios] compartiendo las felicitaciones que he visto (...) que saludan al presidente electo del Perú, al hermano Pedro Castillo, deseándole lo mejor, una gran victoria del pueblo peruano y de los pueblos de América Latina”, dijo en su intervención la también la primera dama y vocera del gobierno nicaragüense.
Las autoridades concretaron el arresto del cuarto precandidato presidencial en menos de dos semanas. El líder nicaragüense busca su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo a partir de 2022.
Ayer fueron retenidos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Seis días antes la periodista Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario, mientras que el lunes fue aprehendido el economista y exdiplomático Arturo Cruz.
Juan Sebastián Chamorro fue aprehendido ocho horas después de la detención del precandidato Félix Maradiaga, otro disidente al régimen sandinista. Chamorro es acusado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”, entre otros cargos. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz, también postulantes opositores al sillón presidencial nicaragüense.
Félix Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato que es detenido en una semana en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el exdiplomático Arturo Cruz.
La líder disidente Cristiana Chamorro es la mejor posicionada en las encuestas para enfrentar en los comicios al presidente Daniel Ortega, quien gobierna el país ininterrumpidamente desde 2007. Los recientes acontecimientos en el país centroamericano generaron la condena del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien describió la situación, a través de un mensaje en sus redes sociales, como un asalto a las elecciones libres y justas. “Los nicaragüenses merecen una democracia real”, escribió.
El representante para América Central del organismo reiteró su petición al Gobierno de Nicaragua para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.
Un día después de que el gobierno de Daniel Ortega no permitiera que la líder opositora inscribiera su candidatura, ahora las fuerzas de seguridad realizan un operativo en su casa por presunto lavado de dinero.
Las fuerzas de seguridad sandinistas intervinieron la sede de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), dirigida hasta enero por la candidata presidencial opositora, Cristiana Chamorro Barrios. Además, allanaron las oficinas de periodistas y figuras críticas con Ortega. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. (OACNUDH) mostró “preocupación por los sucesos”. Mientras, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que “Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición” con un “objetivo claro: impedir cualquier crítica y robarse la elecciones presidenciales de noviembre 2021”.
