En dicha resolución la OEA había manifestado al gobierno nicaragüense su preocupación por no cumplir “con sus obligaciones en materia de DD.HH.” y un “ambiente de opresión agravado” con arrestos, cierre de ONG y ataques a la Iglesia Católica. La Cancillería colombiana justificó la ausencia en la sesión con el argumento que ese día desarrollaba “una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua”.
El ministro de RR.EE. de Perú, César Landa, había pedido reconsiderar el rechazo del Parlamento para realizar la cita entre el 5 y 7 de octubre con un baño extra para los asistentes, además de los servicios para mujeres y hombres. El presidente de la Comisión de RR.EE. del Congreso, Ernesto Bustamante, había dicho que la OEA, usando como “pretexto” el acuerdo con el gobierno, “pretendió introducir cambios en el derecho interno con tema de ideología de género”.
El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta sostuvo durante su intervención en la IX Cumbre de las Américas que la Organización de Estados Americanos participó en acciones que consolidaron a un gobierno de facto en base a la represión violenta de la protesta social”.
El edificio que ocupaba el organismo “ha sido declarado de utilidad pública y pasará al Estado” donde, a través del Instituto de Cultura se creará “el museo de la infamia”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega. La secretaria general de la OEA había denunciado el domingo que la ocupación de sus oficinas era un acto “ilegítimo” y una violación a las normas internacionales.
Aunque el gobierno de Daniel Ortega ya había anunciado a fines de 2021 su retiro de la OEA, según los protocolos la salida debía ocurrir en un lapso de dos años, para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, se adoptó la resolución de suspensión por 25 votos a favor, de los 34 miembros activos. La OEA afirma estar “conmocionada por los informes de las terribles atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas” en ciudades ucranianas como Bucha, Irpin o Mariupol y en la estación del tren en Kramatorsk.
En su intervención durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Arturo McFields dijo hablar en nombre de “más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde 2018".
El documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de agentes del Estado, y 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, en particular con lesiones oculares.
La expresidenta fue invitada a exponer ante el Consejo Permanente del organismo internacional a raíz Día de los Derechos Humanos. En un discurso grabado, puso énfasis en combatir las inequidades que demostró la pandemia. Dijo que es necesario rehacer un pacto entre el Estado y la gente, cosa que "es la principal tarea de esta generación de líderes mundiales, porque consiste en una salida clara a la compleja crisis, en avanzar hacia un futuro inclusivo, sostenible y resiliente”.
La resolución, aprobada por 25 países, insta al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos, además de aceptar una misión liderada por el organismo para llevar a cabo reformas electorales. Países como Bolivia, Argentina y México se abstuvieron de votar la resolución.
"Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como al que ha llegado ahora", dijo Luis Almagro durante una sesión extraordinaria virtual del organismo para hablar del país centroamericano. Agregó que "en Nicaragua debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización". Con anterioridad, todas estas críticas provocaron que el gobierno nicaragüense se retirara de la OEA.
El organismo había calificado las recientes elecciones presidenciales como carentes de “legitimidad democrática”.
“Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo entre el Estado nicaragüense y la OEA”, dijo este viernes el ministro del Exterior, Denis Moncada. Sin embargo, deberán transcurrir dos años para que quede desligado del foro americano habiendo cumplido todas sus obligaciones.
Poco antes que el presidente de EE.UU., Joe Biden anunciara la prohibición del ingreso a territorio estadounidense del mandatario nicaragüense, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, sus ministros y varios otros funcionarios, el Parlamento del país centroamericano, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, instó a Ortega, “en su condición de jefe de Estado, a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados. Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.
