Jaime Bertín se refirió a la decisión de la SISS de abrir un expediente de caducidad contra la sanitaria, asegurando que una vez que dicho informe sea enviado al Presidente -que podría ser en seis meses más- esperan que el "gobierno tome la decisión definitivamente de caducar esa concesión, porque ya sobrepasamos todos los límites permitidos".
La autoridad dijo que este proceso le permite a la empresa hacer sus descargos. Después de eso podrán recomendar o no al presidente poner fin a la concesión.
En julio, el titular subrogante de la SISS, Jorge Rivas sostuvo reuniones con ejecutivos de Essal, Aguas Andinas y el gremio Andess.
Bernardo Larraín señaló que se deben conocer los protocolos que tenía Essal, controlada por la empresa.
Se sintió culpable apenas supo que había dejado a Osorno sin agua. El operario de Essal estuvo tres días sin dormir, dejó su casa y está con tratamiento farmacológico. Sus cercanos responsabilizan a la compañía por los turnos extenuantes y las malas condiciones de trabajo.
La sanitaria calculó en $2.500 millones las indemnizaciones para los clientes afectados, además de una menor facturación por los días en que no hubo servicio, que alcanza los $250 millones.
La mesa de trabajo es para dimensionar los daños y determinar indemnizaciones adicionales a las que establece la ley.
Otras de las resoluciones aprobadas fue para pedir que se establezca una mesa público privada con pequeños y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el desabastecimiento del suministro.
Joaquín Villarino indicó que un tema así debe analizarse con prudencia y que un posible cambio al marco regulatorio pueden generar mucho daño.
Esto se suma a la posibilidad de que le quiten la concesión a Essal, filial de Aguas Andinas, y a las multas que recibiría por dejar sin suministro de agua potable por 11 días a gran parte de la población de Osorno.
Esto, luego de que un derrame de petróleo en la planta Caipulli de la sanitaria Essal dejara a 50 mil hogares sin agua por 11 días.
Juan Eduardo Saldivia indicó además que la empresa cometió una serie de errores comunicacionales en medio de la crisis, y que eso daña a la industria.
Regulador había contratado un estudio que evaluó el Sistema de Producción de Agua Potable de la firma.
En medio de una fuerte presión social y política, gobierno evalúa escenarios sobre la empresa. "Hay una ley en Chile y tenemos que cumplirla", dijo el Presidente Piñera.
En paralelo, el Sernac inició el Procedimiento Voluntario Colectivo que exigirá las compensaciones para los consumidores por el tiempo que estuvieron sin servicio.
