La promesa de Xiomara Castro, presidenta hondureña, de tomar “medidas drásticas” ante el accionar de pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, se plasmará en la inminente construcción de una cárcel insular, pese a que la región corre en la dirección contraria considerando que la última de este tipo fue cerrada en 2019 en México.
Es la décimosexta prórroga del régimen de excepción que solicita el gobierno salvadoreño y que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de DD.HH. “Con el régimen de excepción, los salvadoreños viven en paz. Lo logramos luego de haber perdido generaciones por la cobardía de los gobiernos anteriores”, reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro,
Por un lado, el primer ministro haitiano Ariel Henry ha venido pidiendo ayuda internacional desde hace meses, pero Estados Unidos se mantiene en la idea de apoyar a las fuerzas del orden en el país caribeño.
Los vigilantes han matado al menos a 164 personas desde que comenzó el movimiento denominado "bwa kale" en abril, según Naciones Unidas. Algunos vecindarios se preparan para la venganza de las pandillas.
Una ONG del país centroamericano compartió un informe en el que se detalla el número de muertes y las condiciones que enfrentan los detenidos.
Según el informe de la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal, ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuía cuando fueron detenidos. El organismo también reveló que los decesos fueron resultados de torturas y lesiones graves.
Expertos de Naciones Unidas señalaron en un informe que “el estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
El mandatario salvadoreño Nayib Bukele, tras la aprobación por decimocuarta vez del régimen de excepción, aprovechó para fustigar nuevamente a las organizaciones defensoras de DD.HH. que han criticado las políticas de seguridad de su gobierno. "Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos, los meteremos en prisión y no saldrán jamás", aseguró.
“Tenemos más de un año bajo esta estrategia y hemos podido palpar los resultados, los cuales confirman que vamos por la ruta correcta. Le hemos devuelto a los salvadoreños la esperanza de vivir en paz y desplazarse tranquilamente en el territorio”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición al Congreso de El Salvador.
La inseguridad en la capital haitiana alcanzó niveles “comparables a los de un país en guerra”, alertó la ONU en un informe publicado esta semana. A la disputa entre bandas ahora se suman linchamientos y quemas a integrantes de los grupos criminales como respuesta a la espiral de violencia.
La joven de 17 años estaba con un amigo cuando fue impactada por una bala perdida en la ciudad de Cali.
El capo de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos criminales más poderosos del continente, fue arrestado tras una intensa búsqueda. En su historial figuran desde asesinatos y actos de narcoterrorismo hasta negociaciones con altos cargos de la esfera política de El Salvador. Acá, cómo se gestó el auge y la caída de “El Indio de Hollywood”.
El fenómeno provocado por el Presidente de El Salvador empieza a ser analizado por políticos y académicos, que ven cómo sus ideas para combatir a las pandillas comienzan a penetrar en los países de la región. Desde el alto nivel de imagen positiva que registra en Chile, hasta la aparición de líderes surgidos del ámbito de la seguridad, son solo algunas de las manifestaciones del “bukelismo”.
El organismo de derechos humanos demandó al presidente Nayib Bukele que levante el régimen de excepción que impuso para combatir a las pandillas. No obstante, la medida tiene amplia aprobación de los salvadoreños, ya que ha permitido capturar a más 66.000 supuestos antisociales, reducir el número de homicidios y otros delitos, de acuerdo con cifras oficiales.
En el autoexilio después de dar a conocer en 2020 las negociaciones secretas de Nayib Bukele con las maras, Martínez evalúa los costos de la posterior ofensiva contra esos grupos criminales. Cuando el estado de excepción constitucional ya cumple un año, los resultados exhibidos por el mandatario de El Salvador le han significado una gran aprobación. Pero, advierte, “lo que entregamos para permitirle al gobierno combatir a sus anchas a estas organizaciones criminales nos saldrá muy, muy caro”.
