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Junto con el fin a las movilizaciones, los transportistas aseguraron que “se levantan las querellas y las posibles multas que podrían haber tenido". Además, el gobierno buscará impulsar una reforma constitucional que permita que el Presidente de la República tenga la facultad de hacer uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad, pero sin coartar a libertad de reunión o libre circulación. La reforma requerirá 3/5 de los votos en el parlamento y la comisión mixta que discutirá la iniciativa ya se encuentra constituida.

Durante la tarde, un comunicado emitido desde la estatal informaba que a partir de las 20 horas de este viernes, ingresaron a la planta de Refinería Bío Bío y al Terminal Marítimo de San Vicente 180 trabajadores, luego de que sus accesos se mantuvieran bloqueados desde el lunes. Agregaron que esta situación le permitiría a Enap reiniciar el suministro de combustible en las próximas horas.

El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), José Hidalgo, criticó que “algunos dirigentes, principalmente de federaciones de choferes de camiones, borraron con el codo lo qaue habían firmado con la mano”.

La titular de Interior no descartó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado con el fin de despejar las rutas, enfatizando que usarán "todos los instrumentos legales que el Estado de Derecho nos otorga para poder habilitar las rutas de nuestro país”.

En concreto, en Providencia se encuentran en toma el Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo 7 de niñas Luisa Saavedra de González. Mientras, En Santiago, lo están el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo de Aplicación. Además, los estudiantes del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal de Prat, se encuentran en paro.

"Estuvimos dispuestos al diálogo y buscando soluciones. Otros prefirieron la intransigencia", señaló la cartera esta noche a través de un comunicado para anunciar las acciones judiciales contra los camioneros que no depusieron la movilización tras negociaciones.

“Vamos a seguir parados, vamos a seguir acá, aguantando. Y como se decía en el estallido, hasta que se haga dignidad nuestra seguridad (...) ahora nosotros vamos a estar acá hasta cuando sea necesario”, afirmó Mariano Díaz, vocero de los camioneros de Coquimbo.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo el Presidente Pedro Castillo en un mensaje al país por televisión el lunes en la noche.

El titular de Interior advirtió preocupación por la dificultad en llegar a la zona. “Nos complicaba el acceso al aeropuerto, pero hay un compromiso que ellos (los gremios), están trabajando con sus bases, para poder desbloquear la ruta al aeropuerto y que podamos trasladarnos”, dijo. Desde Antofagasta se informó que los camioneros liberarían la ruta desde el aeropuerto hacia la ciudad, en forma momentánea y temprano en la mañana, para que pase la comitiva del ministro Delgado.

Sobre la solicitud hecha por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para que la Unidad de Asesoría Jurídica realice un informe por los dichos del dirigente gremial, el titular de Interior destacó que “tiene todo el derecho a pedir un informe, veremos qué le dice su equipo jurídico".

Aprobada en agosto, la norma establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo “podrá ser ajustada por el Ejecutivo (...) mediante decreto”, lo que causó inquietud en la oposición. Durante la semana el mandatario había calificado las manifestaciones como "un intento de tumbar el gobierno".

El vocero del gremio, Francisco Pérez, leyó una declaración en la que sostuvo que uno de los motivos principales por los cuales depusieron su acto de protesta atendía al alto flujo de conductores que viajan durante el presente fin de semana largo.

Según acusa el gremio, las indicaciones presentadas al proyecto que reforma el Código Sanitario reducirían sus funciones clínicas, traspasando varias de las facultades de la matronería a médicos y enfermeras. Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, explica que con las modificaciones, el gremio perdería “entre el 60 o el 70%" de las funciones actuales y aumentaría la espera por atenciones.

La empresa señaló que funcionará en los horarios habituales establecidos. Trabajadores realizaron llamado a los usuarios para que busquen otras alternativas de transporte para mañana.

Líder de los empresarios dijo que en La Araucanía existe "una situación muy compleja de violencia, de narcotráfico, de terrorismo, de inseguridad”.