Entre la información adicional que muestra el sondeo, se verifica más pobreza en menores, en adultos jóvenes y también en los trabajadores menos calificados, lo que da cuenta del efecto de la crisis de empleo. Entre los inmigrantes, los más pobres vienen de Haití y Bolivia.
En el contexto de la medición de la pobreza, el Ministerio de Desarrollo Social presentó también el estudio sobre carencias en el país, donde se ve el impacto de la pandemia en distintas áreas.
De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de inmigrantes en condición de pobreza pasó de 10,8% en 2017 a 17%. En tanto, en los pueblos indígenas bajó de 14,5% a 13,2% y registró la menor brecha con quienes no se identifican como miembros de estos pueblos.
Subió 7,6 puntos porcentuales, ascendiendo de 6,4% a 14% entre 2017 y 2020. Además, pasó de ser la decimosegunda región con mayor porcentaje de pobreza a ser la tercera. Desde el gobierno explican que entre las razones está la caída en los ingresos del trabajo en los primeros quintiles y también, un período mayor de cuarentenas.
El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, afirma que la focalización implica priorizar a los grupos en mayor desventaja. “Esto no está de moda decirlo hoy, pero las ayudas universales tienen un importante costo de oportunidad que resulta difícil de sostener cuando la pobreza aumenta”.
La presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, sostiene que los apoyos del gobierno “llegaron tarde, fueron pequeños por un buen tiempo, si bien algo que se reparó este año, hubo un celo excesivo en focalizar”. Añade que “el empleo debe ser una prioridad en el corto plazo”.
“El momento cuando se toma la Casen, las ayudas a las familias estaban totalizando US$6.000 millones de dólares y ahora estamos proyectando que para 2021 van ser cerca de US$21.000 millones de dólares, estamos multiplicando por tres”, dijo Rodrigo Cerda.
De acuerdo al sondeo, la tasa oficial de pobreza por ingreso pasó de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020, lo que se traduce en que 2.112.185 personas están en esta condición. Sin ayudas estatales el porcentaje habría alcanzado a 13,7%. Con todo, Chile es el país de la región con la tasa más baja de pobreza y la que menos subió durante la pandemia. La desigualdad también subió, por segunda ocasión consecutiva.
De acuerdo a la Subsecretaria de Evaluación Social y la Dipres informó que un total de 357 programas explicitaron que efectivamente se vieron afectados en su ejecución y resultados por el COVID-19.
La extensión del IFE al total de las familias del Registro Social de Hogares, excluyendo a las que pertenecen al 10% de mayores ingresos, tiene un costo mensual de US$2.890 millones y abarca junio, julio y agosto. El programa total anunciado por Piñera asciende a US$10.790 millones y llegaría a casi 15 millones de personas. La diferencia con la propuesta de senadores de oposición es del orden de US$6.810 millones.
Algunos expertos consideran a Argentina uno de los países con más amplia asistencia estatal de Sudamérica, pero la situación dista mucho de ser ideal.
En Chile, Perú y Zambia se han instalado debates públicos sobre políticas que permitan al Estado quedarse con más recursos de los que está generando el metal rojo.
Las mujeres son la población más afectada, por el impacto de la desocupación en el sector del empleo remunerado en hogares.
Según el Financial Times, el anuncio del Presidente chino de que casi 100 millones de personas salieron de esa condición en los últimos ocho años es “un intento de afirmar su posición como uno de los líderes que marcaron una época en el país”.
