Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo, durante el trámite legislativo la oposición endureció la norma y calificó el porte injustificado de acelerantes como delito. Pese a que el gobierno quería forzar una nueva negociación, la Cámara despachó a ley el texto, lo que obliga al Presidente a promulgarlo. La aplastante derrota se sumó a los cambios que sufrió el gobierno en la normativa de usurpaciones.
La Cámara Baja despachó para su promulgación la norma que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en contexto de manifestaciones. El Ejecutivo buscaba que la acción fuera sancionada como una falta y penada con una multa.
Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo en mayo de este año, durante el trámite legislativo sufrió modificaciones que calificaban como delito el porte injustificado de combustible en manifestaciones, en un contexto en que el gobierno buscaba modificar el Código Penal para sancionar solo como falta aquella conducta y no como ilícito. Durante la tramitación, el Ejecutivo había hecho reserva de constitucionalidad.
La decisión del gobierno de instalar una nueva base militar en La Araucanía abrió un foco de incomodidad en el oficialismo, que en el pasado cuestionaba la presencia militar en el sur. Ayer, además, el PC y gran parte del Frente Amplio se desmarcó de una propuesta gubernamental que buscaba castigar el porte de combustibles en el marco de una manifestación.
La iniciativa considera la aplicación de una multa de 10 a 20 UTM, siempre que no se proporcione una explicación razonable para el porte de combustible, y permite a las policías detener a personas que cometan esta falta. Durante la votación en particular, además se aprobó una indicación que incorpora una sanción penal, de 61 a 540 días de presidio.
