Según cifras de Gendarmería -entregadas por el subsecretario Jaime Gajardo-, más de un tercio de las personas privadas de libertad se encuentran recluidas en el marco de una investigación penal.
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Tras robar pino en rollizos desde un predio forestal en La Araucanía, Gabriel Vásquez se convirtió en el primer imputado por este ilícito que queda con la máxima medida cautelar que contempla la nueva ley que, desde fines de septiembre, endurece las penas para este tipo de delitos.
En el módulo 89 del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío permanecen ambos integrantes de la CAM. Junto con otros dos miembros de la organización, son los únicos huéspedes de dicho sector del penal. Dado que se encuentran bajo régimen "normal", durante sus semanas tras las rejas han recibido una serie de visitantes, principalmente miembros del clan familiar.
Un estudio del Observatorio Judicial asegura que el uso de esta medida cautelar no ha tenido mayores variaciones desde la aplicación de la Reforma Procesal Penal, aquello considerando el número de personas que quedan con esta disposición respecto del número total de formalizados por un delito.
A los funcionarios de Carabineros F.M.G.C y J.E.A.O se les acusa de realizar diversos golpes contra un menor de edad en noviembre de 2019, los que en primera instancia habían quedado en libertad, decisión que revocó la corte.
El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres, defendió el actuar del Ministerio Público, al estimar que se podría configurar la causal de legítima defensa luego de que el comerciante Mauricio Briceño abriera fuego contra Eloy Alarcón Manquepán por una disputa de tierras, “Esta es una investigación abierta, en la cual se deben desarrollar diligencias tendientes a acreditar la existencia o virtual existencia de los elementos eximentes de responsabilidad penal”, indicó. El Tribunal de Garantía de Villarrica fijó en 90 días el plazo de la investigación.
Fiscal del caso apeló a la resolución de primera instancia, por lo que la ahora la Corte de Apelaciones de Concepción deberá resolver si decreta la prisión preventiva parfa el teniente segundo de la Armada Luis Videla Cid y el cabo segundo Ricardo Seguel San Martín, investigados por su participación en la muerte del comunero de 23 años registrada en noviembre de 2021 en Tirúa.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el 22 de octubre de 2019 el sargento primero J.F.G.G. disparó su escopeta antidisturbios en contra de Camilo Olivares Moreno, a una distancia inferior a 20 metros, luego de que la víctima lanzara un objeto contundente contra un carro lanzagua de Carabineros, en el marco de manifestaciones que se desarrollaban en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco.
Ángela Vivanco dijo también que “cualquier sistema que exista de prisión preventiva, de libertad provisional o de cualquier otra especie siempre es perfectible y el punto es que esa perfectibilidad tiene que ver con aquello que el país requiere y necesita”.
El Juzgado de Garantía de Talagante decretó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, quien fue violentamente agredido y sometido a humillaciones por parte de los imputados en una dependencia policial, en el marco del estallido social.
La medida cautelar contra Manuel Miranda Venegas fue dictaminada por el 7° Juzgado de Garantía, tras ser imputado por el Ministerio Público por los delitos consumados de porte de elementos explosivos e incendio. Con posterioridad, el tribunal se declaró incompetente para continuar tramitando la causa, ordenando remitir los antecedentes al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
El gobierno interpuso este tipo de acciones judiciales, entre el 18 de octubre de 2019 y julio de 2021. En el Ejecutivo aseguraron que no hay ninguna persona en prisión preventiva que haya sido formalizada por esta norma y abogados expertos desmenuzaron los efectos de un eventual retiro de las querellas: baja la pena de los delitos y por lo tanto la gente que esté privada de libertad puede tener otro tipo de medidas, como firma mensual o arraigo nacional.
Según se destacó en la audiencia de formalización, ambos detenidos ocuparon en reiteradas oportunidades -desde noviembre de 2020 a la fecha- los predios Puente Largo y Casa Teja, ubicados en Padre las Casas. De estos terrenos, robaron madera avaluada en más de 21 millones de pesos.
Se trata de Gonzalo Farías, Óscar Herrera y Eduardo González, quienes encabezarían una banda de 35 personas que fueron detenidas el martes por la PDI. Fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando y presentación de declaraciones falsas en la Aduana.
El sujeto -de iniciales M.A.P.S.- habría perpetrado el delito durante la noche del 3 de septiembre, más de diez días antes de ser detenido. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Concepción y se decretó un plazo de cuatro meses de investigación.
