Manifestantes encendieron fogatas en varias ciudades a lo largo del país. Durante el día y la noche hubo protestas en San Antonio -luego de que los portuarios anunciaron un “paro progresivo”- por la decisión del Ejecutivo de recurrir al TC para frenar el retiro de fondos.
Fueron 13 los puntos donde se registraron desórdenes en la Región Metropolitana. En general, se trató de desmanes, pedradas y barricadas, y los hechos más graves ocurrieron en Ñuñoa, con el ataque incendiario a la 33º Comisaría y en Pedro Aguirre Cerda (PAC), unidad policial que fue objeto de bombas tipo "molotov". El balance, dejó 17 personas detenidas, la mayoría con arrestos previos.
A pesar de que las concentraciones han sido pacíficas durante la tarde, cuando se ha puesto el sol han empezado los disturbios frente a la comisaría de Brooklyn Center, donde las fuerzas de seguridad han usado gas pimienta para dispersar a la multitud, que ha respondido lanzando proyectiles contra los agentes.
Choques entre manifestantes y carabineros se registran en Villa Francia y fueron quemados buses en Ñuñoa, La Pintana y San Joaquín. Se han encendido fogatas y levantado barricadas en diversas comunas de la capital y en regiones.
Los organizadores de la protesta han dicho que, aunque en un principio se estimó la asistencia de unas 15.000 personas, al final se han registrado hasta 50.000 manifestantes marchando desde el Parlamento de Israel hasta la Plaza París de Jerusalén, lugar cercano a la residencia de Netanyahu.
Después de que el oficialista Partido Colorado bloqueó la iniciativa del impeachment, los manifestantes volvieron a salir a las calles para exigir la dimisión del Ejecutivo por su gestión en la pandemia.
Después del fallo de la justicia que obliga a la exmandataria interina a pasar cuatro meses en prisión preventiva por el denominado "caso golpe", la oposición y cientos de bolivianos participaron durante el lunes por la noche en marchas simultáneas por Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad, siendo las mayores movilizaciones desde la crisis política de 2019.
La nueva legislación presentada por el gobierno la semana pasada otorga más poder a la policía para controlar a los manifestantes, lo que, según sus críticos, socava la libertad de expresión de los británicos. El proyecto se discutirá esta semana en el Parlamento, pero el Partido Laborista ya anunció que votará en contra.
El país se encuentra en crisis desde el 1 febrero cuando los militares se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado, desplazando al gobierno electo del partido de la líder Aung San Suu Kyi.
Ante las transversales condenas internacionales por el golpe del 1 de febrero, que hasta ahora deja 60 muertos, los militares contrataron a una firma de lobby canadiense-israelí por US$ 2 millones para "ayudar a explicar la situación real".
Los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico decidieron ingresar una solicitud de juicio político para remover a Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado. La acción se produce tras las manifestaciones que se han tomado las calles desde el viernes.
Desde hace un par de semanas, todos los viernes se constituye en el centro de monitoreo de la policía uniformada un grupo de fiscales de las fiscalías Centro Norte y Oriente. Con ello se busca aumentar la cantidad de detenidos y sacar de circulación a los manifestantes más violentos, junto con evaluar qué acción policial y penal seguir. Según Carabineros, hay varios factores que dificultan manejar el orden público en el lugar.
Mientras unos manifiestan que se debe sacar y trasladar el monumento, otros afirman que se debe realizar un “gesto” más simbólico para la ciudadanía en el espacio que implica Plaza Italia. Estas son las propuestas que manifestaron Catalina Parot (Evó), Karina Oliva (Comunes), Claudio Orrego (DC), Pablo Maltés (PH), Rojo Edwards (PR), Nathalie Joignant (PEV) y Fresia Quilodrán (UPA), los siete postulantes a gobernadores por la RM.
“El uso de fuerza letal, intimidación y acoso contra manifestantes pacíficos es inaceptable. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente”, señaló Guterres el mismo día que se registraron los peores episodios de violencia desde el inicio de las protestas.
La condena del músico de 32 años, sentenciado a nueve meses de prisión por una serie de tuits atacando a la Corona y a las fuerzas policiales, ha generado protestas en el país y disputas entre los partidos políticos.
