La acción judicial se presentó el pasado 6 de febrero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
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La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, señaló: “No vamos a normalizar los violentos hechos ocurridos ayer en Maipú, menos cuando hay niños que resultan víctimas”.
La acción judicial indica que los imputados "habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico", el cual, de acuerdo a la investigación penal, superaría los $ 30 mil millones. Esto, a pocos días de que la otrora autoridad comunal sea formalizada por la Fiscalía por los mismos cargos.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción criminal presentada por el exministro en contra del otrora socio de Celfin Capital. De no mediar acuerdo, sostiene la resolución, en una audiencia fijada para el 20 de febrero, se procederá a preparar un juicio en el que Jackson y Errázuriz se verán por primera vez las caras, más allá de sus disputas en redes sociales.
Pese a que el exsecretario de Estado busca por medio de acciones judiciales que se obtenga una sentencia condenatoria en contra de la UDI, el empresario Jorge Errázuriz y el senador Fidel Espinoza, el defensor Miguel Schürmann abrió la posibilidad a las disculpas públicas con el fin de “resarcir el honor, la honra y el reconocimiento público” de su representado.
Esto, a pesar que en la primera entrevista que otorgó el ex ministro de Desarrollo Social tras dejar el gobierno hace cinco meses -con el diario El País- afirmó que avisó al Ejecutivo antes de presentar las acciones en contra de la UDI, el empresario Jorge Errázuriz y el propio parlamentario socialista.
Se trata de fondos destinados a educación entregados desde el Mineduc a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna. "Cada peso que desembolsemos por pagar esta morosidad, se lo cobraremos judicialmente a los responsables del mal uso de recursos públicos de San Joaquín", señaló el actual alcalde Cristóbal Labra.
Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declara admisible una querella de capítulos presentada en contra del expersecutor Cristián Muñoz, por hechos que habrían ocurrido en 2022.
La información fue confirmada por La Tercera luego que fuera dada a conocer por el diputado Diego Schalper (RN) tras sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El hecho ocurrió la noche del martes. A raíz de ello, el alcalde de la comuna, aseguró que se comprometió con la familia del menor de edad a presentar una querella "para buscar al o los responsables y que estos puedan pagar con todas las de la ley".
Desde el Movilh y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, informó que Sandra Almeida, la víctima, fue atacada en razón de su "expresión de género".
En el marco de la nueva ley de usurpaciones, la secretaria de Estado precisó que la acción penal está dirigida en contra de quienes irrumpieron en las dependencias del fundo Palermo, y que tras un operativo policial, se concretó la detención de cinco personas.
La lactante murió en junio de este año, en pleno brote de los virus respiratorios de invierno y el sincicial, los que generaron una gran presión en la red asistencial.
Son cinco las personas querelladas, informó el abogado que representa a la familia: contra una de las personas es por homicidio en comisión culposo, mientras que para las otras cuatro personas es por el delito de negligencia del Artículo 491 del Código Penal, que es un tipo especial de cuasidelito que cometen los funcionarios de la salud.
Se trata de las fundaciones Folab y Educc. Ambas ONGs recibineron del GORE de la Araucanía más de $600 millones destinados para la realización de cursos para mujeres de la zona, que no se realizaron completamente.
