Pase lo que pase en octubre, lo cierto es que el proceso constituyente ha forzado un debate entre distintas miradas, algunas muy diferentes, por no decir antagónicas entre sí, para crear una nueva Carta Fundamental. Hace más de 40 años atrás hubo un primer ensayo de estas miradas cruzadas: se llamó “el Grupo de los 24”.
Es inevitable: el coronavirus marca la pauta mundial. Junto con la vida cotidiana, la pandemia amenaza a la economía y a la política: la propagación del virus incluso ha llegado al debate constitucional, tras declararse estado de catástrofe a causa del Covid-19.
La necesidad de posponer el plebiscito del 26 de abril comenzó a hacerse evidente la semana pasada e innegable a principios de esta. Comenzaron entonces las conversaciones y negociaciones entre las fuerzas políticas que firmaron lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Ayer, oficialismo y oposición concordaron fijar el plebiscito constitucional para el 25 de octubre.
El abogado de la Universidad de Chile, presidente ejecutivo de Espacio Público y miembro del consejo asesor de Re:Constitución, cree que detrás del debate sobre la autonomía del Banco Central está la falacia del “mono de paja”, un mecanismo imaginario que se ha inventado como un argumento más para no cambiar la constitución. Eso no quita, agrega, que se pueda discutir si la independencia del ente emisor debe estar o no dentro de la Carta Fundamental. “Eso ya está en su ley orgánica”, dice.
El economista ecuatoriano Alberto Acosta tuvo una participación clave en el gobierno de Rafael Correa, como ministro de Energía y Minas. En 2008 se transformó en el titular de la Asamblea Constituyente, aunque a poco andar presentó su renuncia porque lo presionaron para que cumpliera el plazo. En conversación con La Tercera relata este proceso.
Por distintas vías, los países han resuelto la manera de organizar sus territorios y reconocer la diversidad de sus poblaciones en sus cartas fundamentales. Formado como república unitaria, en nuestro país poco a poco han surgido otras opciones al respecto, sostenidas por diversos actores vinculados al mundo de los derechos indígenas. Los expertos aclaran su alcance.
