Ayer fueron los alegatos ante TC. Gremios evalúan llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
L. Cárdenas
4 oct 2017 01:22 AM
Ayer fueron los alegatos ante TC. Gremios evalúan llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dirigentes presentaron el pliego de negociación el 14 de agosto, pero aún no se han reunido con el Ejecutivo. Acusan falta de diálogo y adelantan movilizaciones.
Las partes firmaron un convenio colectivo por dos años para más de 9 mil trabajadores, el 99% de la dotación. Bono implica un desembolso sobre los US$ 62 millones, equivalente al 54% de las utilidades del primer semestre.
Este año, la mesa busca realizar la tradicional negociación con el Gobierno entre julio y agosto, para no coincidir con las elecciones presidenciales.
El aumento es parte de la ley que estableció un alza gradual del ingreso mínimo y que lo llevará a $276.000 en enero de 2018.
Dirigentes llegarán hoy a La Moneda a presentar una carta a la Presidenta Bachelet.
Alza salarial no podrá ser mayor al que tengan los trabajadores del sector público.
Esto, según detallaron, permitiría que los funcionarios depongan la huelga legal que protagonizaron por varias semanas.
La norma, que establece un reajuste del 10% a las pensiones de adultos mayores, entrará en vigencia el 1 de enero. "Este es un tremendo esfuerzo como país", dijo la Mandataria.
El proyecto no incluye el guarismo de 3,2% acordado para el sector público. Sin embargo, se debe a la forma de tramitación, con dos proyectos distintos.
Desde la mesa de trabajadores fiscales señalaron que no tolerarán la "operación de amedrentamiento a quienes se movilizaron".
La mayoría rescata la unidad del movimiento aunque también hay voces más críticas.
Aunque los dirigentes evitan hablar de derrota, entre los trabajadores predomina la molestia por el resultado de la negociación.
La votación del jueves por el reajuste al sector público fue un tiro de gracia para el bloque oficialista y probó que el "nuevo trato" que pactaron hace dos semanas no fue más que una declaración de intenciones, pues el desgaste del conglomerado parece ser irreversible.
Los trabajadores del sector público aseguran que los "miserables" montos aprobados son insignificantes para la labor que diariamente realizan. Según detalló el subsecretario Mahmud Aleuy las manifestaciones culminaron además con dos lesionados.