Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar tras la destitución de Gallant.
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La nueva propuesta otorga al gobierno el control de los dos primeros nombramientos en el Tribunal Supremo durante su mandato, pero exige al menos el apoyo de un diputado de la oposición y de un juez del propio Supremo para realizar más nombramientos.
La acción contra Benjamin Netanyahu fue parte de las protestas nacionales, iniciadas hace más de dos meses, contra su contencioso plan de reforma judicial.
Aunque finalmente los pilotos de un escuadrón de élite de la Fuerza Aérea revirtieron su decisión de boicotear un ejercicio de entrenamiento en protesta por una reforma que permitiría a los políticos nombrar a los jueces de la Corte Suprema, el propio primer ministro reconoció que estos anuncios suponen una amenaza para la “existencia” del Estado de Israel.
Los organizadores de la protesta calcularon que unas 145 mil personas se movilizaron en Tel Aviv y más de 80 mil en otras ciudades. La autoridad no ha hecho una estimación oficial.
De cara a nuevas protestas contra el proyecto oficialista y su debate en el Senado, la Vicepresidenta le resta importancia al texto y sostiene que el país ya ha tenido dos grandes reformas judiciales, una durante su gobierno y una "de facto" realizada por Macri.
Una iniciativa de un senador cercano a la Vicepresidenta Cristina Fernández busca obligar a los jueces a denunciar posibles presiones provenientes de los poderes "mediáticos".
Conflictos de intereses y faltas a la imparcialidad son las principales críticas a esta figura que permite nominar 107 abogados externos en todas las cortes del país. En 14 ocasiones el Ejecutivo y el Congreso han querido reforma esta fórmula, incluso con el apoyo de la Corte Suprema, pero ningún intento tuvo éxito. Ahora, el gobierno pretende perfeccionar el sistema con un nuevo proyecto de ley.
Norma permitía que el gobierno nombrara directamente a los jueces del Tribunal Supremo.
