La investigadora Mónica Arancibia descartó la hipótesis de una supuesta quitada de drogas, pues los hechos dan cuenta de un robo a una casa, desde donde se sustrajeron joyas y dinero en efectivo, donde la sargento Rita Olivares concurrió luego de que una vecina del sector llamara a Carabineros.
El asesinato a sangre fría de la carabinera Rita Olivares, hace una semana en Quilpué, desató una fuerte -y competitiva- arremetida de la oposición en seguridad ciudadana, orden público y fortalecimiento de las policías. De pasó, sinceró la carrera presidencial en el sector y mostró los distintos liderazgos y estilos políticos que hoy conviven en el sector.
El sujeto habría sido el "chofer designado" para la huida, tras el robo perpetrado en un domicilio de Quilpué el pasado domingo.
El Presidente ha intentado equilibrar su discurso y optó por asumir un rol protagónico en la contención comunicacional y política tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares. Sus niveles de exposición, las dos almas de su alianza de gobierno y sus pulsiones personales han sido los factores que ha ponderado.
Datos del Registro Civil dan cuenta que desde el año 2012 hasta la fecha más de 31 mil personas no han logrado ser ubicadas por la justicia. De este registro, del cual también forman parte deudores de alimentos, 173 son reos que se han fugado de la cárcel. Sólo en los últimos dos años 32 internos han escapado de un recinto penal y sólo ocho han logrado ser recapturados. Entre ellos están tres de los presuntos partícipes del homicidio de la sargento Rita Olivares. ¿Qué fallas en el sistema explican estas cifras? Expertos apuntan a las complejidades de ubicar a imputados y sentenciados que están en rebeldía.
Tres implicados cumplirán con prisión preventiva, mientras que los otros reingresarán a la cárcel a cumplir con sus condenas pendientes.
Ayer la PDI detuvo a tres personas que se sumaron a tres aprehendidos anteriores. Fueron formalizados hoy, quedando una parte en prisión preventiva y la otra ingresada a cumplir con sus condenas pendientes tras fugarse de la Cárcel de Valparaíso en 2021.
Exmandatario defendió la medida, afirmando que “fue por razones sanitarias, para evitar mayores contagios de Covid-19", y recalcó que en el Congreso la ley -que benefició a unos 1.700 reclusos- fue aprobada incluso por actuales miembros del gobierno, como el propio Presidente Boric, los ministros Vallejo y Jackson y el subsecretario Monsalve.
El Mandatario afirmó, el lunes en La Moneda, que "personalmente" acompañaría a la policía uniformada en alguno de sus operativos. Sus declaraciones, sin embargo, aún no tienen una bajada concreta: ¿Ronda masiva? ¿Monitorear una fiscalización? ¿Participará de una incautación? Por ahora, está programada una visita suya a la Escuela de Suboficiales ese miércoles, a propósito del día del Joven Combatiente.
En 2015 Luis Martínez-Conde Riesco, quien se encuentra detenido por estar involucrado en el asesinato de la sargento, fue condenado a 5 años por robo con violencia, sin embargo recibió la pena sustitutiva de libertad vigilada. Un año más tarde cometería el mismo delito. Además, durante su estancia en la cárcel registra un intento de agresión a un gendarme y provocar desórdenes dentro del penal.
Tras participar en el responso de la sargento Rita Olivares, el Mandatario señaló que hay que actuar de "acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.
La máxima autoridad de la policía uniformada dio a conocer esta decisión en su discurso durante la ceremonia religiosa que se desarrolló para despedir a la funcionaria y explicó que correspondía a un reconocimiento "a su acción heroica de vocación, compromiso y entrega con la patria".
El Mandatario llegó hasta la ceremonia en Villa Alemana en un clima de tensión, donde personas apostadas tras vallas papales se manifestaron en contra del jefe de Estado.
