La bancada ingresará una enmienda con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos. Para eso, diseñarán una inhabilidad especial que esperan pueda ser incorporada en la propuesta de nueva Constitución que será redactada por el Consejo.
El planteamiento de Renovación Nacional apunta a hacer solidaridad intergeneracional al incrementar la PGU que reciben los actuales pensionados según años cotizados. En paralelo, con miras a hacer solidaridad intrageneracional de género para las futuras pensionadas, la idea de RN es hacer una “distribución de cotizaciones previsionales con destino a las cuentas de capitalización individual de las mujeres". Eso sí, a diferencia de la propuesta del gobierno, dicha solidaridad se haría destinando todo a cuentas individuales.
Entre las propuestas presentadas al órgano fiscalizador están modificar el proceso de trato directo, el control preventivo de cualquier traspaso de fondos públicos a privados que estén exentos de la toma de razón y que haya una mayor rigurosidad en la revisión de antecedentes de proveedores- organismos ejecutores y en el registro de estos.
La petición al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, contó con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos, PDG, Partido Ecologista Verde e independientes como Pamela Jiles, Felipe Camaño, Yovana Ahumada y los ex-DC Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio.
El órgano redactor tiene seis grupos de consejeros, tres de derecha y tres de izquierda. En el oficialismo los roces han estado marcados por la elección de delegados, los representantes del PC y un frustrado intento por instalar una vocería del sector. En la oposición, en tanto, la cercanía de la UDI -y su delegado Arturo Phillips- con republicanos ha generado resquemor entre los consejeros de RN y Evópoli.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $ 766 millones al Fisco. Se decretó su prisión preventiva en base a cinco hitos que determinaron lo que sería para algunos el ocaso de una de las figuras más importantes de la derecha.
En relación a una eventual norma que restrinja las grabaciones de reuniones en las que participe el Presidente de la República, la timonel del Partido Socialista manifestó que "si tenemos que hacer protocolos para la decencia, para la responsabilidad política y el sentido común, estamos en un muy mal momento como país".
El exalcalde de Vitacura quedó esta jornada en prisión preventiva tras ser formalizado por una serie de delitos de corrupción que habría cometidos entre 2011 y 2017.
De acuerdo con el exjefe comunal de Vitacura, todo habría sido orquestado por los contadores. Además, en la segunda jornada de formalización del ex-RN, fue el turno de que sus abogados expusieran ante la magistrada que deberá definir si queda o no en prisión preventiva. Así, en la primera parte de su intervención, Francisco Velozo argumentó que a la investigación realizada por el Ministerio Público le faltan una serie de elementos y que se crearon "una falsa perspectiva de la realidad".
El parlamentario por la región de La Araucanía también aseguró que va a asumir las consecuencias en su partido si "es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo". Además, señaló que no siente "vergüenza" por lo ocurrido.
El diputado reconoció haber grabado un audio de 10 minutos durante la reunión sostenida el martes en Cerro Castillo entre el Presidente Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío.
A través de una declaración pública, el parlamentario dijo que no estaba presente cuando se dijo que no se permitiría grabar y que compartió "de buena fe" el registro. Esto, luego de que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración.
