El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, siendo los sujetos sorprendidos por Carabineros cuando vandalizaban el inmueble, que es patrimonio cultural y cuyo frontis había sido refaccionado hace algunos días, siendo parte del proyecto de recuperación de fachadas en el eje Alameda-Providencia.
La Fiscalía Sur pide 8 años para el docente -uno de los primeros detenidos previo al estallido social-, contra quien el gobierno invocó la normativa que endurece las penas para delitos ligados al orden público. Pese a que el Ministerio del Interior ya desestimó la acción judicial en su contra, su defensa apunta a que el Ejecutivo no ha realizado gestiones para que la empresa estatal del tren subterráneo haga lo mismo. Esto para poder cambiar su situación procesal y así pactar una salida judicial distinta a un juicio oral.
La defensa de Roberto Campos había presentado un recurso en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago pidiendo revisar la medida cautelar, que además incluye la prohibición de acercarse a las estaciones del tren subterráneo.
La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.
Hechos ocurrieron en la víspera del estallido social, de 2019. Además, hoy se conoció la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral de este caso: está será el 11 de mayo de 2021. Por su parte, la Defensoría anunció que llevará la causa al Tribunal Constitucional para declarar inaplicable la Ley de Seguridad del Estado.
La imagen del docente golpeando un torniquete del Metro se hizo viral y él estuvo preso casi dos meses por ello. En su defensa, dice que sí dio el golpe, pero cuando éste ya estaba destruido. A un año del 18 de octubre, Campos cuenta cuánto le cambió la vida. Estas son sus reflexiones.
