Por cuatro votos contra uno, el tribunal de alzada militar rechazó por quinta vez la solicitud del excomandante en jefe. El coronel que votó a su favor argumentó la "inexistencia de motivos calificados para denegar la libertad del procesado".
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Jueza consultó si la medida rige solo para el caso del general (R) Oviedo o para toda la indagatoria.
La ministra pidió además conocer si la decisión del tribunal operará también en caso de que el excomandante en jefe del Ejército quiera apelar para solicitar su libertad.
El secretario de Estado aseguró que respalda la labor de la ministra Romy Rutherford desde el primer momento. Sin embargo, a raíz de la determinación del Tribunal Constitucional de frenar toda la investigación contra el excomandante Humberto Oviedo, pidió al organismo que se aclare el fondo de la causa cuanto antes.
La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar una iniciativa que busca modificar las atribuciones del TC -incluyendo poner fin al control preventivo de las leyes-, así como la conformación del organismo.
En seis oportunidades, exefectivos del Ejército han acudido a este tribunal para frenar las pesquisas de la ministra en visita. En todas las ocasiones contaron con el voto favorable de los jueces Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y el presidente Iván Aróstica.
"Daña seriamente la imagen y la confianza que la ciudadanía tiene en el Ejército", expresó en Hablemos en Off de Radio Duna el titular de Defensa sobre la situación del excomandante en jefe de la institución castrense.
Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo se encuentra en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, en calidad de detenidos, mientras son objeto de investigación.
Ministra en visita investiga compras personales y pagos, en promedio, de $ 2 millones mensuales a secretarios y asesores. El excomandante en jefe del Ejército fue careado con exjefe de Finanzas. En tanto, el CDE defendió a la jueza ante el TC.
El tribunal votó un 5-0 en contra de la acción judicial presentada por la defensa del excomandante en jefe.
A Fernando Grossi García se le acusa por su presunta responsabilidad en delitos por un monto de cerca de $31 millones.
Detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) concurrieron ayer hasta el edificio Bicentenario para hacer efectiva una orden de ministra Romy Rutherford, quien indaga el fraude en la institución. Diligencia se centró en la arista relativa a la misión militar en Washington.
El general Alejandro Villagra retomó sus labores en la Primera Brigada Acorazada "Coraceros", de Arica, tras ser procesado y detenido por las presuntas irregularidades en la devolución de pasajes y fletes, que indaga la ministra Romy Rutherford. El general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, en tanto, volvió a acudir al TC.
En el requerimiento se enfatiza la ausencia de la defensa del exmandamás castrense en interrogatorios y careos. Se acusa que en un cara a cara con Curt Juris Hald De la Torre, quien fue ayudante de la Comandancia en jefe y luego en el departamento de protocolo en el período de Fuente-Alba Poblete a éste se le impidió hacer uso de su derecho a guardar silencio. También se apela a un dictamen de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos sobre tutela judicial efectiva.
A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".
