Esta mañana el ministro Segpres, Juan José Ossa, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirieron al avance en la digitalización de trámites. "¿Cuánto tiempo pierde la gente? ¿Cuántos recursos se malgastan? ¿Cuánto impacto en el ecosistema? La pandemia gatilló con fuerza algo que ya estaba latente y en proceso, y que el Presidente pidió acelerar", dijo el ministro Larraín.
El ministro Segpres se refirió al trabajo de la Convención Constitucional a un mes de su sesión inaugural, destacando el proceso que, a su juicio, "está avanzando en materia de reglamentos, funcionamiento y coordinación", pero también expresó que "todos los miembros de la convención deben ser respetados por igual", en referencia al convencional Jorge Arancibia y el "voto político" en su contra.
El viernes de la semana pasada se anunció que el abogado Matías Cox, quien se desempeñaba como fiscal en la Segpres, asumirá como secretario ejecutivo en reemplazo de Catalina Parot. Un controversial cargo que va por su tercer funcionario en menos de dos meses. "Cuenta con credenciales jurídicas y administrativas solídísimas para tomar este desafío", dijo el subsecretario Maximo Pavez, quien además se refirió a la agenda legislativa a seis meses del término del gobierno de Sebastián Piñera.
Maximo Pavez se refirió en detalle a los preparativos por parte del Ejecutivo para habilitar el funcionamiento de la Convención. Reconociendo falencia en su día inaugural, negó una intención de "boicot" al proceso por parte del gobierno. "Es insultar la inteligencia de Chile. ¿Qué gana el gobierno con entorpecer un proceso que el gobierno ha propiciado?"
Máximo Pavez afirmó que no se puede entregar asignaciones a la Convención hasta que se cree su reglamento, en el que se defina una comisión externa que se coordine con la Segpres para poder proporcionar los recursos.
La autoridad defiende el rol administrativo que ha tenido su cartera en el marco de la instancia que elaborará la nueva Constitución. Asegura que no se han valorado los esfuerzos que ha hecho el gobierno en la materia y que al Ejecutivo se le pidió “mucho minimalismo y de forma muy respetuosa lo hemos aceptado, (pero) ese minimalismo genera un problema”.
El pasado lunes 5 de julio se realizaría la primera sesión de la convención constitucional, la que -por razones sanitarias- tendría a 80 convencionales en el hemiciclo, y otras tres salas con 25 constituyentes cada una. Sin embargo el no contar con conexión a internet para la sesión telemática, así como elementos considerados básicos para sus labores, obligaron a suspender la instancia, apuntando al gobierno como el encargado. "Nos duele lo que pasó el lunes, pedimos las disculpas, pero ya ha pasado una semana. Estamos en otra etapa, la convención está funcionando", dijo Maximo Pavez.
Este jueves la bancada comunista confirmó que el próximo lunes 12 de julio presentará el libelo contra el secretario de Estado. El eje de la acusación son las dificultades que ha enfrentado la convención constituyente al inicio de sus labores.
La mesa directiva del órgano constituyente sostuvo una serie de reuniones con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y representantes del Colmed para avanzar en medidas que permitiesen el funcionamiento de la instancia. Finalmente, tras una revisión del gobierno de las dependencias del exCongreso en Santiago, se dio luz verde para que este miércoles los 155 convencionales se reúnan en el recinto. Así lo afirmó el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, tras reunirse con la directiva.
Tras la suspensión de la primera sesión de la constituyente, programada para ayer lunes; esta mañana Elisa Loncon y Jaime Bassa convocaron un punto de prensa para comunicar a los otros 153 convencionales que aún no cuentan con los requerimientos técnicos, administrativos y sanitarios para sesionar en las dependencias del exCongreso. "Esta mesa va evaluar si las condiciones están garantizadas para sesionar mañana. Si no lo están, no vamos a sesionar, y usaremos la casa central de la Universidad de Chile. Es decisión nuestra pero es responsabilidad del gobierno", dijo Bassa.
“Hay una negligencia política”, afirmó la presidenta de la Convención Constitucional al señalar que, luego de que este lunes no se pudiera sesionar por problemas técnicos y sanitarios, el titular de la Segpres no tuvo ninguna comunicación directa con la mesa. Asimismo, indicó que también debería dimitir el secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina.
El subsecretario se refirió a las convocatorias a marchar o reunirse en torno a la primera sesión de la convención, instancia fijada para este domingo 4 de julio; y a las solicitudes por parte de los 155 constituyentes para concretar su llegada a la ceremonia. "Una cosa es poder asegurar la participación de las personas, y otra es dar privilegios diluyendo la igualdad propia de un debate democrático de estas características", dijo Pavez.
Ejecutivo envió este miércoles un oficio a ambas cámaras del Legislativo haciendo la solicitud ad portas del inicio del trabajo del órgano constituyente. La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), aseguró que “en la Comisión de Régimen Interno hemos acordado continuar este trabajo directamente con los representantes que la propia Convención defina una vez que ya esté constituida”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, entregó las dependencias de la sede de la Cámara en Santiago, edificio que será utilizado para el funcionamiento de la Convención Constitucional. La breve ceremonia se concretó tras la firma del acta por parte del diputado y quien recibe, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.
La apuesta es convocar a una figura neutral. Una de las opciones que se calibró para elegir al presidente interino de la convención era seguir el ejemplo del Parlamento que en 1990 optó por darle el cargo al congresista de mayor edad para que tomara el juramento de sus pares. Si ese fuera el criterio, el cargo recaería en el excomandante en jefe de la Armada y exsenador UDI Jorge Arancibia, de 81 años. Una opción que estiman inconveniente en el gobierno, en el Congreso y entre los convencionales.
