Para el exdirector del SII las declaraciones de Javier Etcheberry no son una “quitada” de piso a su trabajo, y por lo mismo afirma que está de acuerdo con la idea de socializar las cifras que arrojó el informe. No obstante descarta formar una mesa de trabajo con expertos para volver a estimar la evasión. Esto, porque a su juicio, no hay suficientes especialistas que sepan cómo calcular la evasión.
Los especialistas afirman que se debe establecer una comisión similar a la que se creó para revisar las exenciones tributarias o la que recientemente lideró Manuel Marfán, que revisó el impacto de las medidas procrecimiento en la recaudación tributaria.
Según detalló el Servicios de Impuestos Internos, solo en 2023 se detectaron 14.673 emisores agresivos y 56.729 receptores de estos documentos falsos, los que representan un 1,67% del total de emisores y un 0,45% del total de receptores de documentos tributarios electrónicos.
En términos monetarios, se retuvieron $4.390 millones por esta causa, correspondientes a retenciones de pensiones de alimentos de 23.971 casos dentro del Registro Nacional de Deudores.
“Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses... Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido. Sin que el servicio reaccionara”, expuso esta semana la exdirectora metropolitana del SII, Silvia León, ante la comisión investigadora que preside la diputada Musante.
Para el exdirector del SII y actual asesor de ese organismo, "el CEP no hizo una estimación de evasión. Lo que hicieron fue tomar nuestro estudio, adivinar qué errores se cometieron sin preguntarnos y aplicar ajustes que supuestamente corrigen los supuestos errores, usando la metodología del 'supongamos que'”.
La minera privada advirtió que revisará el tratamiento contable de sus reclamaciones que mantiene ante la Justicia, tras un fallo adverso en el marco de la disputa que mantiene con la autoridad tributaria en torno al pago del impuesto específico a la actividad minera por el litio. Pese a ello, no ve un impacto “significativo” en su flujo de caja, ya que ha enterado cerca de US$ 1.000 millones en las arcas fiscales.
Partió el 1 de abril recién pasado. Uno de los primeros flancos que deberá abordar es la relación con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes critican que sea un profesional externo al organismo. También hay dudas sobre su experiencia en temas de fiscalización, aunque sus cercanos afirman que cumple con el perfil para sortear ambas vallas.
Debido a que los contribuyentes cuentan con varias semanas para realizar el proceso en la página del Servicio de Impuestos Internos, la fecha en la que recibirán su dinero varía.
El proceso, que se lleva a cabo anualmente, no es necesario que sea tramitado por todas las personas, sino que solo por quienes el Servicio de Impuestos Internos indique.
Si bien, todas las empresas tienen que llevar a cabo este trámite, el Servicio de Impuestos Internos indica que, en el caso de las personas, solo algunas deben realizarlo.
Entre otras cosas, se modifica desde UF 12.000 a UF 4.000 el mínimo de ingresos que obliga a las organizaciones sin fines de lucro a entregar al SII la información y al pago efectivo de la pensión de alimentos, a través de una serie de cambios en las declaraciones juradas de los contribuyentes. Los especialistas aconsejan hacer la declaración entre la tercera y cuarta semana de abril.
Desde este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) pondrá a disposición una serie de declaraciones juradas que permiten a los contribuyentes ir entregando información sobre sus ingresos. Con esos antecedentes, el servicio elaborar la propuesta de declaración del impuesto a la renta.
Christian Soto volvió al Servicio de Impuestos Internos el viernes pasado. Eso sí, su función ahora no es como director de Grandes Contribuyentes, sino que estará otras labores en la Subdirección de Desarrollo de Personas.
De acuerdo a lo presentado por el Ministerio de Hacienda, esta figura del denunciante anónimo es un instrumento efectivo en el combate de la evasión, siguiendo las experiencias en Estados Unidos y Reino Unido.
