Además, la exautoridad quedó sujeto a la medida cautelar domiciliaria de arraigo nacional. Se determinó un año de plazo para la investigación.
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El Ministerio Público formalizará por el delito de fraude al Fisco al exintendente de Tarapacá y militante de la UDI, Miguel Ángel Quezada, y a otros funcionarios públicos por su eventual participación en la compra con sobreprecios de cajas de mercadería durante la emergencia sanitaria de 2020. Tanto Quezada como el resto de los funcionarios son cercanos a la senadora UDI, quien tendrá que votar el próximo fiscal nacional, cargo encargado del Ministerio Público, misma institución que hoy investiga a un grupo de exautoridades.
Además, en coordinación con la Fiscalía local de Alto Hospicio, la policía civil logró la detención del líder de la banda, un sujeto de nacionalidad colombiana, y de otros 10 individuos.
Daniel Luna Hidalgo fue condenado a 3 años y un día de presidio -con el beneficio de libertad vigilada intensiva- luego de que se encontrara en su poder 67 videos donde mantenía grabaciones de las partes íntimas de varias mujeres y un hombre, que fueron captadas sin el consentimiento de las víctimas.
La dimisión de la autoridad regional se suma a la salida de 170 militantes de la colectividad, encabezados por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.
Se trata de dos individuos de nacionalidad chilena y venezolana.
Hasta ahora son 32 los homicidios que se registran en esta zona en lo que va del año. Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta la fecha la región registra una tasa de seis homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional ese dato llega a 2,2 hechos de este tipo. Casi la totalidad de los crímenes, que según policías y fiscales se han visto incrementados por el crimen organizado, ocurren en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
El movimiento fue percibido en las regiones de de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Investigadores de la Universidad Mayor recorrieron más de 30 km2 en el valle andino de Huatacondo, lugar que espera ser declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.
El pasado 23 de marzo se aprobó la tercera prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte, específicamente en las provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa, frente a la crisis migratoria que se presenta en la zona. Esta fue la segunda extensión solicitada por el Gobierno de Gabriel Boric, extendiéndose el decreto hasta el 15 de abril.
El sociólogo, que fue un activo detractor de la gestión del gobierno pasado frente a la crisis migratoria, respalda el estado de excepción en la zona y adelanta las tratativas con autoridades extranjeras que emprenderá para abordar el conflicto.
La autoridad regional es la única perteneciente al Frente Amplio -coalición a la que pertenece el presidente electo Gabriel Boric- y ha sido una de las voces más críticas frente a la crisis migratoria que enfrenta el país. Asegura que el empadronamiento de extranjeros en situación irregular propuesto en el plan de Boric servirá si es bien planificado y entrega algunas claves de cómo se ha ido desarrollando este problema en su zona.
Según un análisis de DataLab, con datos del INE, el porcentaje de trabajadores extranjeros con empleos informales anotó fuertes incrementos en ambas regiones del norte en los últimos dos años, lo que suma a los ya altos niveles de Arica y Parinacota y de Tarapacá, en medio de la crisis migratoria. En tanto, en la Metropolitana cayó del 30,8% al 24,7%, aunque en número de personas con ese tipo de ocupaciones se mantiene prácticamente igual.
Por otro lado, en tan solo 15 días, febrero ya registra 511.708 casos de Covid-19 a nivel nacional.
