Tras el respaldo unánime de la Cámara Alta, el proyecto volverá a la comisión de Minería y Energía, donde se abrió plazo para ingresar las indicaciones a la iniciativa hasta el próximo viernes 5 de enero.
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El presidente del directorio de la generadora, Hernán Rodríguez, enfatizó que la compañía ha conseguido gestionar los riesgos del negocio con “una incidencia favorable en los resultados”. El gerente de negocios y gestión de energía, Juan Eduardo Vásquez, afirmó que las compañías del sector que han tenido dificultades financieras “fueron incapaces de cubrir sus riesgos para solventar ciertas condiciones extremas de desacoplamiento del sistema”.
La iniciativa, que ha concitado críticas de diversos actores y gremios, así como también la defensa por parte de sectores ligados a las energías renovables, tuvo su un sorpresivo avance en la instancia parlamentaria, que no tenía en tabla la votación.
El presidente ejecutivo del gremio que reúne a las principales generadoras eléctricas del país, pide una solución estructural al problema tarifario, cuyo origen sitúa en los mecanismos de estabilización creados desde la crisis social de 2019, y que además fueron implementados en forma tardía, amplificando el problema, dice. Sobre el proyecto de transición energética del gobierno, apunta al necesario cuidado de los contratos regulados, y ve que la propuesta de reasignación de ingresos tarifarios no contribuye a ello.
El ministro de Energía afirma que están trabajando en un mecanismo que amortigüe las futuras alzas de precios y que permita que los precios se aproximen al costo de producción. La autoridad defiende el proyecto de transición energética de sus críticos y niega que sea un salvataje a las empresas renovables. “El objetivo es que en los años difíciles la exposición financiera de las empresas no sea tan alta como para que caigan en insolvencia”, explica.
Rodrigo Jiménez, gerente general de la consultora, asegura que el gobierno debió haber estudiado los impactos en las cuentas eléctricas antes de presentar el proyecto de ley. La semana pasada el gobierno expuso un informe sobre el tema, pero Jiménez dice que esos análisis aún no están disponibles. "A diferencia de lo que se hacía anteriormente, con mesas donde se compartía con la industria toda la información, se llegaba a consenso y luego se transformaba en una discusión política, eso hoy día no está sucediendo", reclama.
El exministro de Energía, actualmente funge como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, Olade. Desde su rol ve posible avanzar al menos en una certificación común del energético, pero también destaca que el mercado requerirá volúmenes que hacen posible pensar en una participación conjunta en los mercados internacionales. A nivel local, cree necesario fortalecer el rol en la planificación de la distribución para permitir un avance tan rápido como lo ha sido el despliegue de energías renovables.
Desde Londres, donde prepara su participación en un Chile Day enfocado en temas eléctricos, el secretario de Estado aseguró que los análisis que advertían aumentos en las cuentas no son correctos. La cartera propuso someter a una revisión por parte de un externo independiente a los cálculos, que fueron confeccionados con el apoyo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).
Víctor Tavera, presidente del directorio del gremio que reúne a las empresas de distribución, afirmó que es urgente iniciar un debate y definir una hoja de ruta para modificar la regulación de este segmento.
"Es clave avanzar en cambios que permitan desarrollar las inversiones necesarias en las redes de distribución, generando un proceso que considere la realidad operacional de las compañías, un sistema de incentivos más eficiente y transparente para la ciudadanía, y un rol más activo del Estado en la planificación de estas redes. Asimismo, resulta fundamental que esta reforma sea pensada con una mirada que ponga a los usuarios de energía como protagonistas"
El director ejecutivo del gremio, Javier Tapia, reclama por los años en que las soluciones a la transmisión eléctrica llevan en compás de espera, y sostiene que al agregarse temas coyunturales -como los cambios a la asignación de ingresos tarifarios- se han producido retrasos en la discusión del proyecto. Eso sí, también pide revisar la propuesta que amplía el proceso de planificación de la transmisión, y que la incorporación del criterio de sustentabilidad sea supeditado al de seguridad.
El proyecto ha recibido una serie de cuestionamientos en torno al potencial impacto en las cuentas de la luz.
Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía; Vannia Toro, gerenta de EMOAC, empresa filial de Copec que comercializa energía 100% renovable y asesora en temas de Sistema de Gestión de Energía; y Álvaro Pérez, gerente de Mowi, empresa multinacional dedicada a la producción del Salmón cultivado fueron los encargados de contar cómo están viviendo la transición energética y los desafíos que conlleva.
"Seguimos muy de cerca los esfuerzos y avances de Chile en materia de transición energética y la velocidad con la que las energías renovables han irrumpido en escena. Sin embargo, estamos convencidos de la necesidad de acompañar dicha transición con un vector energético confiable, asequible y en volúmenes cada vez más disponibles, como es el gas natural. La energía eólica y la fotovoltaica no deben competir con el gas, sino complementarse, con miras a reducir al máximo posible las emisiones toda vez que se garantiza la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico."
Un informe de impacto regulatorio del Ministerio de Energía, publicado recientemente, afirma que la iniciativa legal no afecta a los consumidores. Sin embargo, el propio ministro Pardow ha reconocido que el proyecto sí incrementará los costos que son traspasados a clientes, aunque lo haría en sólo $1 por cada kWh. El cálculo choca con la estimación de una asociación que reúne a clientes no regulados. El tema seguirá siendo analizado en la comisión de Minería y Energía del Senado, donde se tramita el proyecto.
