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Oficialismo acusa a la centroizquierda de estar "haciendo uso y abuso en la presentación de proyectos groseramente inadmisibles", por lo que, junto con enviar una queja formal a los presidentes del Senado y de la Cámara, estudian una presentación al TC y coordinan acciones con la Segpres. Entre las iniciativas que cuestionan se encuentran la rebaja de la jornada laboral, el intento de anular la Ley de Pesca, la declaración de interés nacional del litio y de la empresa SQM, y algunas indicaciones en la reforma previsional.

Dos causas emblemáticas sobre violaciones a los derechos humanos fueron enviadas por el presidente del organismo, la semana pasada, a la Primera Sala que él preside y en la que junto a los ministros José Ignacio Vásquez y Juan José Romero han paralizado decenas de tramitaciones sobre estas materias. Mañana a las 9:00 se sabrá si suspenden o no los procesos por el asesinato del diplomático español.

El tema se abordó hoy durante el comité político de La Moneda, instancia en la que ministros y dirigentes de Chile Vamos plantearon preocupación por las iniciativas que está impulsando la centroizquierda, entre ellas, la que reduce la jornada laboral a 40 horas. Los partidos de la coalición elaborarán un documento que pretenden presentar al TC.

La paralización a la causa del excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo detonó nuevas alianzas políticas en el TC. Ante la incipiente presidencia de Juan José Romero, irrumpió la candidatura de María Luisa Brahm, quien ya cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta.

El abogado Iván Aróstica aborda el caso del procesamiento al ex comandante en jefe del Ejército, causa que se encuentra paralizada con su voto decisivo. También analiza la discusión sobre la efectividad del secreto del sumario y la supuesta tensión entre el TC y la Corte Suprema.

El 81% de los recursos de inaplicabilidad presentados han significado la detención de la indagatoria. Siete de cada 10 están relacionados con la ley de control de armas.

Sebastián Dávalos, primogénito de la ex mandataria aseguró entender que la Presidencia busque mantener causales de reserva sobre los correos electrónicos de la ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte.

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar una iniciativa que busca modificar las atribuciones del TC -incluyendo poner fin al control preventivo de las leyes-, así como la conformación del organismo.

Un periodista solicitó el acceso a los correos electrónicos de la ex jefa de Gabinete de la ex Presidenta Michelle Bachelet referentes al cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y la renuncia de Sebastián Dávalos. Para la Presidencia de La República de la actual administración, entregar dicha información "vulneraría flagrantemente la protección de las comunicaciones privadas de los funcionarios públicos".

El funcionamiento del Tribunal Constitucional ha pasado a constituirse en una nueva instancia tras los recursos disponibles ante las cortes de Apelaciones y Suprema. Lo anterior constituye un poderoso incentivo a las partes para efectuar presentaciones en él, aún con el sólo objeto de retrasar la tramitación de una causa, ya sea civil o penal.

La ministra en visita envió un informe al Tribunal Constitucional el 2 de julio, luego de que la defensa del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, alegara que la magistrada continuó realizando diligencias en contra de su representado pese a que el TC había suspendido toda la investigación y no solo la arista empresas de turismo.

La Sala Penal en decisión unánime ofició al organismo dirigido por Iván Aróstica para que les envíe la resolución dictada este miércoles 3 que, según trascendió, reitera que para ellos la investigación contra el ex comandante en Jefe del Ejército estaba suspendida en su totalidad y no sólo una de sus aristas.

Según el consejero Rodrigo Quintana, los objetivos de la caja se "desnaturalizaron", lo que se manifiesta en que su entonces director ganaba $ 60 millones mensuales.

Luego que el tribunal admitiera a trámite el recurso presentado por el condenado Edwin Dimter Bianchi, finalmente se consideró que ""estos Ministros concurren a la decisión de inadmisibilidad, básicamente por aspectos formales".

La entidad desestimó la vulneración de derechos que apelaba la familia Jaramillo debido al ingreso de la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, a su fundo en febrero pasado.