Sólo falta que los ministros redacten los votos de mayoría y minoría respecto de la resolución de ayer, para que la iniciativa del Gobierno sea promulgada. En el camino quedó el requerimiento que diputados RN y UDI ingresaron ayer, quienes lo retiraron hoy tras gestiones de La Moneda y Gendarmería. La discusión en la institución que lidera María Luisa Brahm no estuvo exenta de asperezas.
“Espero que lo retiren”, sostuvo el ministro de Justicia tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda donde evaluaron alternativas para darle viabilidad al proyecto que busca descomprimir las cárceles en medio de la pandemia por coronavirus. Un beneficio que excluye explícitamente a violadores de Derechos Humanos.
El alcance de sus atribuciones, especialmente la del control constitucional de leyes, parece ser la espina dorsal de la discusión sobre un organismo que algunas voces han pedido suprimir y otras reformar. Pero puede haber otras contiendas, como si sus ministros seguirán siendo o no inamovibles e inacusables.
La investigación administrativa quedó en manos del ministro Gonzalo García.
La actual presidenta del Tribunal Constitucional le respondió a su antecesora en dicho cargo -Marisol Peña-, quien había señalado que "es imposible pensar en ningún mecanismo institucional que fiscalice, remueva ministros o acuse a los ministros del TC".
El edil cuestionó duramente la cobertura mediática a la que ha estado sujeto a raíz de su detención. “Los matinales han gastado horas de transmisión, alimentados con las sobre expectativas en relación a esta causa, de supuestos nexos, facilitaciones, o relaciones de conocimiento de Chahuán con terceros delincuentes traficantes”, advirtió en su requerimiento.
A contar de marzo los ministros del TC acordarán una postura común -unánime o de mayoría- ante una discusión que podría terminar reformándolo en aspectos básicos. Algunos ya piensan
El caso se da en el marco de una demanda presentada por la Dirección del Trabajo en contra de Clínica Dávila.
La ministra María Luisa Brahm afirmó que "los textos constitucionales no son para resolver problemas específicos y concretos de las personas" y además, respecto al proceso constituyente, señaló que "yo no le temo a un proceso de esa naturaleza, al contrario".
El organismo busca detener la causa por vulneración de derechos laborales que se sigue ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El caso se relaciona con una demanda presentada por la DT en contra de Clínica Dávila.
El magistrado se retirará un día antes de cumplir los 75 años, edad en que por reglamento debe dejar el tribunal.
De acuerdo a cercanos a las tratativas, los que correrían con mayor ventaja son los abogados Rodrigo Pica, Liliana Galdámez y Eduardo Sepúlveda.
La instancia determinó que la resolución del Tribunal Constitucional que quitó dicho derecho "carece de efectividad práctica lo resuelto en la especie por el Tribunal Constitucional".
Mientras los abogados que representan a las personas que buscan retirar sus fondos acusaron privaciones a la propiedad, los defensores de las AFP cuestionaron que los tribunales no deben cambiar modelos y que retirar los ahorros tendría un enorme perjuicio.
